JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
La frase popular reza: «Este es un país muy especial» y en realidad es más de lo que el vulgo piensa. En el período de gobierno 1996-2000, precisamente presidido por el actual mandatario, se construyeron las obras de infraestructura que se pensaron resolverían el problema del tránsito vehicular en la ciudad de Santo Domingo. Al efecto, varios túneles fueron

edificados, pero lo que se creía la panacea, los elevados, han resultado un verdadero fiasco. ¿Por qué?

En todos los países que conocemos, inclusive algunos de América Latina, los elevados que se construyen con la finalidad de agilizar el tráfico soportan todo tipo de carga y la circulación también de cualquier vehículo de motor, sea este pesado o ligero. Para citar un ejemplo, en Venezuela,

existe un complejo de elevados que se denomina La Araña, en el cual hay superpuestos, unas seis vías por las cuales transitan, tanto las motocicletas como los camiones más grandes y hasta las plataformas o «patanas». Todo lo contrario en nuestros elevados, en donde se prohíbe la circulación de ciclomotores, motocicletas, autobuses y camiones de todo tipo. Resultado, el «tapón» ahora lo originan los autobuses y los camiones en las intersecciones que quedan debajo del elevado.

Si la finalidad era ahorrar varillas, cemento y arena en los actuales elevados, lo cual no permite soportar el peso de camiones cargados o autobuses repletos de pasajeros, mejor hubiese sido no construirlos, ya que resulta ridículo el impedir el paso de los referidos vehículos y además, han colocado una barrera que limita la altura hasta 2.20 metros para los que se les permite transitar.

Lo mismo sucede en los denominados túneles, o alcantarillas de cajón con plato de cemento. En España, para citar un país europeo ampliamente conocido por muchos dominicanos, los verdaderos túneles, como el de Guadarrama, o el de Pajares, ambos con más de cinco kilómetros de largo, permiten el tránsito de camiones, algunos con remolques del mismo tamaño que el vehículo madre.

La otra cara de la moneda lo constituyen aquellas edificaciones suntuosas, la mayoría de ellas innecesarias por existir facilidades iguales a las que se construyen. El aeropuerto de La Isabela es un ejemplo fehaciente de cómo los políticos unilateralmente dilapidan los impuestos de los contribuyentes, ya que, aparte de que el aeropuerto de Herrera servía los propósitos para los cuales fue construido, en la edificación del otro, no se tuvo en consideración de que el mismo quedaría al lado del vertedero de Duquesa, principal basurero de la ciudad y en donde una gran cantidad de aves representan un peligro para la aeronavegación. Asimismo, el aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná, después de haberse gastado sumas millonarias y habérsele dado la categoría de internacional, será abandonado para ser construido uno nuevo en El Catey, apenas unos ocho kilómetros de distancia uno del otro.

En el gobierno del doctor Balaguer se construyeron en Santiago dos obras, que después de más de quince años, todavía no se le han dado utilidad. Nos referimos al Centro de Convenciones, que según se afirma lo adquirió la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y el otro es, un Centro Comercial en la avenida Hermanas Mirabal, que fue una crasa intromisión del Estado en un tipo de obra que las ejecuta el sector privado.

Sin embargo, no se han podido vender los locales a los destinatarios originales, ya que los politicastros se han encargado de enmarañar las operaciones de traspaso, quitando y poniendo sus propios activistas.

Hay otros paradigmas, mas por razones de espacio nos vemos precisados a obviarlos. Lo que si debemos resaltar, que un país subdesarrollado como el nuestro, no se puede dar el lujo de dilapidar recursos necesarios para su crecimiento. Es hora de ponerle coto a que un gobernante pueda unilateralmente decidir la utilidad de una obra y peor, que los otros que le siguen en el poder, no las terminen, como fue el caso del recién inaugurado edificio de la Suprema Corte de Justicia.