EFE 
Miami (EE.UU.). Los Gobiernos de América Latina y el Caribe no solo fracasan en prevenir y erradicar la violencia de género, sino que propician una “violencia institucional” contra las mujeres, denunció hoy Amnistía Internacional.
Según un informe publicado hoy por la sección americana de Amnistía Internacional (AI), la violencia contra la mujer no va a desaparecer en América Latina y el Caribe si no cambian las leyes y las políticas y prácticas públicas discriminatorias en el campo de la salud sexual y reproductiva.
En el estudio titulado “El Estado como catalizador de la violencia contra las mujeres” AI expone cómo la regulación de la sexualidad y la reproducción femeninas, sobre todo a través de la penalización del aborto, evidencia de la manera más clara “los estereotipos y sesgos por género” y sirve para imponer a las mujeres de la región las ideas dominantes sobre su papel en la sociedad.
“Esas normas -dice el informe- no solo violan varios derechos humanos, también generan violencia contra las mujeres y constituyen tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, El informe tiene siete protagonistas, Rosaura de República Dominicana, Tania de Chile, Teodora de El Salvador, Mónica de Argentina, Michelle de México, Mainumby de Paraguay y Esperanza de Perú, y también trata el caso de Uruguay, donde el aborto está despenalizado, pero el ejercicio de ese derecho se ve limitado por la objeción de conciencia y algunas normas judiciales.
La penalización del aborto, que en algunos países de la región sigue siendo un “delito” en todos los casos y en la mayoría está prohibido salvo en muy limitadas circunstancias, es un tema dominante en el informe. Pero también trata de las esterilizaciones a la fuerza, de la mala atención sanitaria y del limitado acceso a la justicia y a la reparación por atropellos que tienen la mayoría de las mujeres.
El caso de Mainumby, una niña de 10 años que quedó embarazada a causa de una violación, supuestamente de un familiar, y fue obligada a dar a luz en Paraguay, tuvo gran repercusión internacional. También el caso de la salvadoreña Teodora es dramático. Aunque alegó que se trató de un aborto natural fue condenada a 30 años de cárcel por abortar y está en prisión desde 2007. Esperanza, de Perú, estaba embarazada en 1998 cuando le practicaron una ligadura de trompas que no había pedido y como consecuencia de ello perdió al hijo que esperaba.
La mexicana Michelle descubrió cuando estaba embarazada de su segundo hijo que era portadora del virus del Sida y fue sometida también a una esterilización forzosa, además de sufrir malos tratos en el hospital cuando dio a luz por ser HIV positiva.
