Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción en El Salvador se vuelva la “norma” y que “terminen por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho” en el país centroamericano, según dijo su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Más de dos meses suma ya el país bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días (ampliado dos veces), tras una escalada de asesinatos a finales de marzo atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).

Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la “guerra” contra las pandillas, con más de 37.000 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1 % podría ser “error».

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El balance de las organizaciones humanitarias es de 1,123 denuncias de atropellos a derechos humanos.

Tras recopilar testimonios y constatar lo que ocurre en las comunidades, fuera de los centros penales y en las audiencias con los detenidos, un equipo de Amnistía Internacional recopiló información con la que la organización concluye que «la política implementada por el gobierno (de El Salvador) podría dar lugar a responsabilidad penal internacional».

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Guevara Rosas concluyó: «Lo que estamos viendo no es solo la repetición de políticas fallidas que el presidente criticaba… es una política racista y clasista que está generando el desmantelamiento del tejido ciudadano… también el desmantelamiento de las instituciones del Estado».

Agregó que hace tres años Amnistía se reunió con el presidente Bukele y le pidió “dejar atrás los enfoques represivos”. No obstante, agregó, “al inicio del cuarto año de su gobierno ha decidido apostar por estrategias ilegales y fallidas del pasado”.