Hace dos años, Airbnb lo hacía por el compromiso. En varios de sus mercados más grandes, incluidos Londres, Ámsterdam y Nueva Orléans, la compañía imponía límites locales en rentas a corto plazo.
Los arrendadores en su plataforma solo podían ofrecer su propiedad durante, en algunos casos, 60 días al año. Airbnb Inc. incluso dejó su batalla legal en Nueva York y acordó trabajar con funcionarios para acabar con los anfitriones que operaban hoteles ilegales.

Hasta ahí su encanto. En estos días, Airbnb lucha contra Nueva York en tres casos separados sobre la extensión de la vigilancia municipal en las rentas. Disputas en California y Florida podrían fijar precedentes del poder de Airbnb y otras compañías en la llamada economía colaborativa para presionar a gobiernos locales y propietarios.
Si bien Airbnb no es tan pendenciero como Uber Technologies, bajo Travis Kalanick, algunos funcionarios dicen que cada vez es más difícil notar la diferencia y que cada día les parece más complicado trabajar con Airbnb.

“Ha sido una de las empresas más agresivas con las que he trabajado”, afirma Liz Krueger, una senadora estatal de Nueva York, quien patrocinó una propuesta de ley en 2010 para restringir las rentas a corto plazo.
Krueger dice que su distrito está saturado de rentas ilegales, que significan una mayor molestia de los turistas y menos vivienda disponible para residentes.
“Solo ha empeorado”, dijo Linda Rosenthal, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, cuyo distrito incluye el Upper West Side, al que Airbnb demandará por leyes a las que se opone incluso cuando sea poco probable que gane.

Es difícil distinguir si la agresión paga, y la discordia complicaría el esfuerzo del director general, Brian Chesky, para que Airbnb llegue a la Bolsa en 2019. La firma niega haber endurecido su estrategia.
“Siempre hemos visto a los reguladores como socios, no adversarios, y nuestro trabajo colaborativo funciona”, afirmó su vocero, Christopher Nulty.

La estrategia dura comenzó en julio, cuando el Consejo Municipal de Nueva York aprobó una propuesta de ley que requería que las compañías que compartían hogares proporcionaran a los reguladores los nombres y direcciones de los anfitriones.

Airbnb no solo criticó la medida como una intrusión a la privacidad, el director de política global, Chris Lehane, experto en crisis de relaciones públicas y quien trabajó en la Casa Blanca de Clinton, dijo que los miembros del consejo eran “maleteros” y publicó un reporte en donde enlistó las donaciones que habían aceptado de los hoteles.
Arbnb debate la norma en juicio. Bajo la nueva ley, la compañía podría perder la mitad de su negocio en Nueva York, que este año generaría US$140 millones en reservaciones.

Cuando se enfrentó contra el Consejo Municipal, Airbnb dio el paso inusual de ayudar a financiar una demanda de un anfitrión en Brooklyn que acusó a funcionarios locales de tomar represalias en su contra por oponerse a las nuevas reglas.
El hombre asegura que tras haber hablado, recibió multas de más de 30 mil dólares por rentar cuartos por una supuesta violación a las restricciones de renta de corto plazo. En el tercer caso, Nueva York demanda a Airbnb por no lograr cumplir con un citatorio para informar sobre sus ofertas.

Lehane, quien supervisa a unos 300 empleados y tiene un presupuesto de 85 millones de dólares, además coordina el Comité para Expandir la Clase Media que ha destinado dinero a luchas políticas en otras ciudades y así propagar el mensaje de que a los anfitriones de Airbnb no los alcanzarían reglas más duras.
Krueger dijo que Airbnb es parte de una nueva ola de compañías tecnolibertarias que creen que las reglas no aplican para ellos. El 12 de septiembre, Nueva York anunció una demanda contra tres individuos que la ciudad afirma que ganaron un millón de dólares por ofrecer hoteles ilegales en Airbnb y otros sitios.
Nulty mencionó que la compañía trabaja para aprobar regulaciones estatales que endurecerían el control contra personas que sacan unidades de vivienda a largo plazo del mercado.

Airbnb a causa indignación en otros países. Este año, Ámsterdam, Barcelona y París le han pedido a la Unión Europea comenzar a regular la plataforma.