La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) agradeció al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y al Consejo del Poder Judicial los esfuerzos realizados para emitir la resolución 17-2015 que establece la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias emanadas de los tribunales.

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, dijo que la resolución 17-2015 del Consejo del Poder Judicial organiza de modo claro el proceso para la ejecución de sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, evitando así el desorden que imperaba en algunos actos o la inefectividad de decisiones judiciales.

Dicha resolución tiene carácter transitorio, hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen la ley que corresponde, según ordena el Tribunal Constitucional en sentencia del año 2013.

Afirmó que la resolución fortalece la seguridad jurídica en el país y que permite fortalecer el trabajo conjunto de la fuerza pública y el Ministerio Público.

“Es muy importante que el ministerial actuante en un desalojo o un embargo esté acompañado de la fuerza pública”, dijo Almánzar.