El Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Manuel Diez Cabral, destacó que el sector industrial dominicano no se opone a que se modifique la Ley General de Electricidad con la finalidad de criminalizar el robo  de energía eléctrica como lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional, pero no está de acuerdo con que se tome esto como pretexto para hacer pasar una contrarreforma en el sector energético como pretenden algunos funcionarios del Gobierno.

Diez Cabral, al referirse al tema, señaló que hay consenso en cuanto a que el hurto de la energía eléctrica sea penalizado a todos los niveles –desde los pequeños hasta los grandes consumidores que procedan de este modo.

Advirtió que junto con esta razonable modificación a la Ley General de Electricidad se pretende reformar, sin el debido consenso y discusión, casi la totalidad del articulado de la Ley General de Electricidad para darle poderes absolutos y discrecionales a  algunos agentes del sector eléctrico que colocarían en mayor dificultad a los usuarios del servicio eléctrico.

Señaló que el Régimen de Usuarios No Regulados es aspecto de la Ley de sumo interés para el sector productivo nacional, sobre todo para el sector industrial, ya que es la única forma de reducir el alto costo del servicio energético del país, que es uno de los más caros del mundo; pero explicó que existen aspectos en el proyecto de ley que son más preocupantes para el sector por las negativas implicaciones que traería a mediano plazo, que imposibilitarían la solución definitiva del problema eléctrico en el país, como es el tema de la discrecionalidad para establecer las tarifas.

El Presidente de la AIRD dijo esperar que los congresistas modifiquen la Ley General de Electricidad sólo en lo que corresponde a la criminalización del robo de energía y sean muy cautelosos antes de aprobar otros aspectos de la Ley que no han sido discutidos a profundidad y que pondrían en mayor riesgo al sistema eléctrico dominicano.

 “No es correcto culpar a los empresarios de obstaculizar la aprobación de la criminalización del robo de energía cuando no lo hemos hecho. Sólo hemos pedido que no se use ese pretexto para modificar otros aspectos fundamentales de la Ley que la población no sabe”, añadió finalmente Diez.