La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, dijo que esa entidad objetó la solicitud de operación de una fabrica de pinturas, a través de Ley 28-01 sobre Incentivo al Desarrollo Fronterizo, porque no solo genera un problema de desigualdad entre empresas del mismo ramo que sí pagan impuestos, sino también coloca en desventaja frente a productos importados a proveedores locales de bienes que utiliza esa industria, además de las pérdidas cuantiosos para el Estado.

Almánzar recordó que la AIRD, por ser parte del Comité de Evaluación de las empresas que serán aprobadas para ser instaladas bajo la Ley 28-01, se opuso a la solicitud de operación de la empresa Pintura Frontera, SRL. Dijo que esa objeción fue acompañada por la misma decisión del Ministerio de Hacienda.

Argumentó que la posición de la AIRD se debe a que hay varias empresas instaladas en comunidades fronterizas del país, las cuales están siendo beneficiadas por los incentivos que ofrece la ley de desarrollo fronterizo, mientras otras que operan en otros puntos de la geografía nacional lo hacen bajo el régimen ordinal, lo que genera no solo una competencia desleal entre las compañías, sino también entre los suplidores que sí pagan impuestos.

Explicó que la Ley 28-01 permite la importación libre de arancel de insumos, maquinarias y equipos, además de la exoneración de pago de impuestos municipales y el Impuesto Sobre la Renta y el ITBIS, lo que significa pérdidas cuantiosas para el Estado dominicano.

Destacó que la AIRD ha advertido la importancia de que esa ley sea modificada, mientras tanto lo que han tratado es de que el Estado cumpla con el compromiso de no aprobar empresas que generen una desventaja para sus competidores y disminuyan los ingresos fiscales.

Puntualizó que hasta ahora el sector industrial ha recibido el apoyo del actual gobierno, sin embargo la legislación establece que las empresas que soliciten operar bajo la Ley 28-01 pueden requerir un recurso jerárquico ante un consejo que está compuesto por legisladores de provincias fronterizas, lo cual la AIRD entiende es “injerencia” de un poder del Estado en decisiones que le corresponden al Poder Ejecutivo.