En la Policía Nacional todavía se recurre a dar un tiro en la rodilla o pegar una plancha caliente en la planta de los pies a los reos para arrancarles confesiones. Es una afirmación que el procurador general Francisco Domínguez Brito añade a la andanada de críticas conque ha atacado en estos días a la Policía. De paso, intuye que la complicidad de policías con narcotraficantes de San Cristóbal podría tener implicaciones mucho más graves que las detectadas hasta ahora.

Pero el deterioro en el aparato judicial es de envergadura consolidada. El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirma que la Policía, los fiscales y los jueces violan las leyes procesales penales y que a eso se debe que tantos imputados de crímenes salgan inexplicablemente en libertad. Y habla de falta de coordinación de esta trilogía para lograr aumentar el número de sentencias condenatorias.

En cualquier sociedad civilizada, estos argumentos son elementos de una profunda crisis de las garantías jurídicas en materia penal. Investigaciones contaminadas con torturas, falta de sustentación de expedientes acusatorios, risibles sentencias de descargo, impunidad a más no poder y desbordados índices de reincidencia derivados de estas causales, deberían obligar a una profunda profilaxis moral. La sociedad tiene sobradas razones para sentirse indefensa.

POR UNA LEY DE PARTIDOS

La necesidad de que sea aprobada una ley de partidos ha sido proclamada de mil maneras, sin que los esfuerzos en pro hayan logrado doblegar la renuencia de las organizaciones políticas a que se haga realidad este instrumento tan necesario para la democracia. Esta vez se ha ocupado de reclamar esa anuencia la Conferencia del Episcopado Dominicano, bajo la premisa de que es necesario ponerle fin al clientelismo que ha caracterizado la actividad de los partidos.

Por muchos años, los partidos han jugado a la manipulación de este proyecto de ley, y han burlado a la sociedad, fingiendo de vez en cuando que respaldan la aprobación de una ley que regule sus actos, pero sin dar un paso al frente para materializar sus proclamas. Aspiramos que esta vez, por respeto a la autoridad moral de los obispos, los partidos accedan a dotar a nuestra democracia de una ley tan necesaria.