Ajedo hace sugerencias sobre caso Verizon

Ajedo hace sugerencias sobre caso Verizon

La Asociación de Jóvenes Emprendedores Dominicanos (AJEDO) pidió que en el caso de la venta de Verizon se evite la doble tributación, aunque deben pagarse los impuestos correspondientes. Además, consideró que la deuda fiscal no debe impedir el proceso normal de la venta de la empresa.

AJEDO explicó que dicha transacción, de acuerdo con la Resolución No. 135-06 del INDOTEL, consiste en la adquisición por parte de una subsidiaria internacional de América Móvil, de una subsidiaria de Verizon basada en Canadá que es propietaria entre otras cosas de casi todas las acciones representativas de Verizon Dominicana.

Señaló que en este caso el INDOTEL se ha reservado la aprobación de la estructura corporativa que asumiría el control de la referida empresa, hasta tanto no sea esclarecida una oposición interpuesta a la transacción por la DGII. Dicha reserva es contraria a lo que establece la Ley 153-98 sobre las Telecomunicaciones que deja bien claro que el INDOTEL, en su labor de protección y promoción del Mercado de las Telecomunicaciones, debe de aprobar o rechazar cualquier solicitud de autorización  de cambio de control de una empresa de telecomunicaciones, pero nunca abstenerse en sus decisiones.

“En tal sentido dicha operación de traspaso, de acuerdo con el marco legal establecido, debería ser aprobada o rechazada lo antes posible por el INDOTEL, y si existiese cualquier acreencia de origen tributario de cualquiera de las partes envueltas, la misma debería ser honrada de acuerdo con lo que establece la ley, pero nunca detenida la operación de traspaso de carácter empresarial”, agregó.

AJEDO afirmó que apoya firmemente el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cualquier empresa o entidad nacional o internacional que se encuentre bajo la jurisdicción de Republica Dominicana; pero al mismo tiempo solicita a las autoridades nacionales actuar con apego a lo que establece nuestro Código Tributario y los Acuerdos Internacionales suscritos por nuestra nación, tales como el Convenio Impositivo Canadá-Republica Dominicana de Agosto del 1976,el cual establece claramente el tratamiento impositivo que rige las operaciones comerciales entre empresas de capital canadiense y capital dominicano.

“Toda empresa que genere riquezas en la Republica Dominicana deberá pagar los impuestos que le correspondan pero nunca ser sometida a la doble tributación o al pago de cualquier obligación que no este consignada por la ley”, expresó.

“En adición a nuestra solicitud de que el gobierno actué apegado a las leyes para no lesionar la confianza y desincentivar la inversión extranjera en el país; Ajedo también propone que se evalúen y reformen los artículos de nuestro Código Tributario que tratan sobre los impuestos a las ganancias de capital”, expresó.

“Nuestro sistema impositivo es uno de los pocos del mundo que desincentiva la reinversión de los beneficios de una empresa en bienes de capital al cobrar el mismo nivel de impuestos a los ingresos netos operacionales de una empresa, que a los beneficios que se generan por la apreciación de los activos de capital. Esta practica no incentiva la reinversión de los beneficios de una empresa en bienes de capital, a la vez que provoca que los empresarios no revalúen sus activos conforme se aprecien en el mercado a los fines de evitar mayores cargas tributarias”, agregó..

AJEDO solicitó al gobierno el incentivo y respeto a la inversión extranjera, representada en importantes sectores económicos como las Telecomunicaciones, el Turismo, la Minería y la Industria; sectores estos de vital importancia para el desarrollo nacional en virtud de sus aportes a la generación de empleos,  infraestructura y riquezas.  Abogó porque las empresas que representan capital extranjero sean tratadas con estricto apego a las leyes de la nación, y a cualquier acuerdo, regulación o disposición que el gobierno haya pactado o emitido para el buen desenvolvimiento de las operaciones de las mismas en el país.

“AJEDO tiene la firme convicción de que cualquier actuación contraria a las reglas claramente establecidas, tanto en el marco legal, impositivo o regulatorio;se convierte en una lesión a la confianza de actuales inversionistas extranjeros que han establecido en el país estructuras productivas valoradas en miles de millones de dólares; y peor aun en un mensaje negativo para la comunidad económica internacional y un desincentivo a la inversión extranjera futura”, expresó la entidad.

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