El Defensor del Pueblo (Ombudsman) es una figura emblemática, muy querida y respetable. Nacida la institución en Suecia, se extendió por los países escandinavos y hoy está presente en más de 200 estados y países del mundo. Es un armador, un buscador de soluciones que procura eliminar atropellos y hacer más eficiente las garantías constitucionales frente a los órganos administrativos del Estado.

Así le respondí a una inquieta estudiante que recababa mi opinión para completar una investigación asignada por su profesor sobre el Defensor del Pueblo. La remití a un par de Considerandos de la Ley No. 19/01, cuando quiso conocer su conveniencia o utilidad en nuestro país, donde se proclama: “Considerando, que los  ciudadanos deben ser protegidos contra las actuaciones inadecuadas u omisiones de los organismos e instituciones de  la administración pública, empresas centralizadas, descentralizadas o autónomas, así como de personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios públicos.” Y este otro que reza: “el objetivo esencial del Defensor del Pueblo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmada en nuestra Constitución, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública.”

Entonces surgió la pregunta capicúa, la esperada, la que apenas alcanza una respuesta: ¿Porqué, si es así,  hay tanta  gente que piensa y opina que el defensor del pueblo y su oficina es una botella más, una figura  decorativa, inútil como tantas otras, que constituirá  un nuevo incremento en la ya hipertrofiada burocracia estatal, con nuevas cargas de gastos corrientes del presupuesto público, para gratificar, probablemente, a un favorito del gobierno? No puedo culpar a los que así piensan,  le respondí. Pertenecen a una legión de escépticos racionales, frustrados, porque existe un estado de descomposición social generalizada, un  descreimiento en las instituciones del Estado, hartos de leyes que se violan impunemente y otras que no se cumplen en absoluto. Pero hay que levantar la fe. La presencia del mal, es lo que permite vislumbrar la presencia del bien.

Hace poco escuché una dolorosa confesión de un congresista  responsabilizándose  de no haber cumplido con lo dispuesto en la Ley 19/01, al no someter  al Senado la terna seleccionada para la designación del defensor y sus adjuntos, “porque si ese instituto ha de nacer viciado,  mejor que no nazca,” me dijo. Creo que fue sincero. Erigido  con rango constitucional como “una autoridad independiente en sus funciones, con autonomía administrativa y presupuestaria” se abre una brecha a la esperanza. El Ombudsman se debe exclusivamente al mandato de la constitución y sus leyes. Fiel a su mandato, procurará actuar conforme con valores y principios democráticos;  creyente en la supremacía  de la ley y en los derechos y la dignidad del pueblo soberano, velará porque todo gobierno se respete y le sirva con justicia y transparencia, para su propia grandeza. No estará solo. Rodeado de lo mejor de nuestra gente, armado de su moral, al Defensor del Pueblo lo defenderá el pueblo mismo que,  unido, “que jamás será vencido.