Además del fraude inmobiliario que se cometió en torno a Bahía de las Águilas, ubicada en el Parque Nacional Jaragua (PNJ), sobre a la zona existen  leyes y decretos que chocan entre sí. Estas son el decreto 273-01, las leyes 266-04 (Polo Turístico del Suroeste), 64-00 (sobre Medio Ambiente) y 202-04 (Áreas Protegidas).

El fraude data de 1995 y consistió en crear falsos asentamientos agrarios en terrenos protegidos para lo cual se registraron títulos a favor de 1,491 personas y/o empresas, muchas de ellas fantasmas o con datos errados. Pasado el tiempo, estos beneficiarios fueron traspasando los terrenos a otros.

Entre los beneficiarios con títulos de propiedad con 31 hectáreas  están Nancy Méndez, ced 1639 ; Maribel Pérez, ced 069-0000719-3; Catalina Pineda Terrero, ced 3578-69; María Mercedes, ced 2473-69; Violeta Matos, ced 00049-69; Lucía Ducasse, ced 506241; Aldredo Feliz, ced 9512-69, Ana Isabel Salomón, ced 5517-69; Víctor Pérez Feliz, ced 4947-69 y Luria Batista, ced 3131-69.