ROSARIO ESPINAL
No son novatos; gobernaron del 1996 al 2000. No son incapaces; se formaron con Juan Bosch, hombre de aguda inteligencia y criticidad. Volvieron al poder en agosto del 2004 con un amplio apoyo electoral, en medio de una crisis económica e institucional producida por un mal gobierno y desfalcos astronómicos en el sector bancario.

Prometen la modernidad, pero no han sido capaces de dar el salto político para guiar la nación hacia el progreso. ¿Qué esperan los peledeístas para avanzar? Cada día que pasa, los problemas del país se agudizan y las medidas que se toman no alcanzan para resolverlos.

Comencemos con un problema medular. En 35 años, la población dominicana se duplicó. Pasó de unos 4.5 millones en 1970 a unos 9 millones en el 2005.

En un país pobre, desigual y de geografía pequeña, un aumento poblacional de esta magnitud debería motivar una política coherente de reducción de la natalidad y control migratorio desde Haití. Pero poco se hace al respecto, aunque la tarea es apremiante y requiere de la acción conjunta de diversas instituciones públicas como migración, fuerzas armadas, educación, salud y el consejo de población. Todas débiles e ineficientes.

El empobrecimiento de la población, producto de los bajos salarios, la baja productividad y los procesos inflacionarios cíclicos provocados por políticas económicas erráticas, debería ser foco de atención y acción del gobierno.

Pero no lo hacen porque la economía dominicana se ha caracterizado históricamente por la abundancia de mano de obra barata no calificada, y por los extensos beneficios fiscales (legales e ilegales) otorgados al empresariado para que obtengan grandes ganancias sin mejorar su productividad y competitividad.

No por casualidad el país ha registrado en las últimas décadas un alto crecimiento económico acompañado de pobreza y desigualdad. Y no por casualidad la estabilidad macroeconómica actual, logro principal del gobierno, no se traduce en una mejoría real en las condiciones de vida de la mayoría.

La política económica, poco distributiva, se ha acompañado siempre de un escaso y deficiente gasto social, porque ofrecer mejor educación y salud a la población, retórica aparte, no ha estado entre los grandes objetivos de los gobiernos ni de los empresarios dominicanos.

Los políticos toman en cuenta a la gente fundamentalmente para facturar apoyo a través de alguna modalidad clientelista. Por eso la democracia dominicana es de tan baja calidad.

Conociendo las restricciones al gasto público que impone el acuerdo con el FMI, firmado para que el país pudiera renegociar la gran deuda externa, es lamentable que el gobierno no haya optimizado el diseño y rendimiento de los programas sociales, evitando duplicidad de funciones y fomentando la profesionalización de las instituciones que los implementan.

Formar un gabinete social con el conjunto de instituciones ineficientes y clientelistas que ofrecen servicios sociales es multiplicar las incoherencias y deficiencias en la oferta. Además, la hiperfocalización de programas asistenciales como «Comer es primero» no es manera de ayudar la gente a salir de la pobreza. Tampoco tiene sentido publicar espacios pagados en la prensa promocionando el programa Solidaridad; un malgasto de recursos públicos y un insulto al pueblo necesitado.

Si bien es cierto que la pobreza no conduce por sí sola a la delincuencia, hay que tener presente que la pobreza hoy en día no coexiste con la pasividad. Los pobres, y los no pobres, tienen expectativas de consumo que muchas veces sobrepasan sus capacidades reales de compra. Esto motiva la delincuencia entre ricos, pobres y capas medias.

En una economía de alto desempleo y bajos salarios como la dominicana es muy probable que la delincuencia siga aumentando. Este es un sector económico que las estadísticas no miden adecuadamente, pero en el que participa mucha gente. Incluye la corrupción pública y privada, el tráfico y consumo de drogas, los robos y asaltos, el tráfico ilegal de personas, la prostitución y los juegos de azar, aunque se realicen en bancas y casinos legalmente establecidos.

Con una economía de la delincuencia enraizada en el sector público y privado, civil y militar, el plan de seguridad ciudadana y de política criminal anunciado por el gobierno se quedará muy corto si no se decide con determinación sanear, disciplinar y adiestrar los cuerpos del orden público y el sistema judicial.

¿Y qué decir de la energía? Un país con mucho viento, agua de mar y sol debió hace tiempo desarrollar fuentes de energía alternativa en vez de depender del petróleo, cuyos precios manipulan unos pocos países y comercializadores.

Ante tantos problemas, la pregunta es obvia: ¿qué espera el gobierno para batear y no conformarse con ganar bases con bolas o quizás simplemente poncharse? ¿Se atreverán las autoridades actuales a dejar de pactar la inequidad, la ineficiencia y la impunidad para que el país pueda dar un salto al desarrollo?