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WASHINGTON (EFE).- Los países de América Latina adelantan ambiciosos planes para la reforma policial, pero éstos requieren de mayores recursos y del apoyo inequívoco de la comunidad mundial, aseguraron ayer en Washington expertos de la región.
Durante un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), académicos y delegados políticos de Estados Unidos y América Latina analizaron los aciertos, fallos y retos para la reforma policial.
Los representantes de la región, que sirve de «laboratorio» para nuevos experimentos contra la corrupción, intercambiaron anécdotas sobre las purgas de miembros policiales corruptos y las campañas publicitarias para combatir la «mordida», la extorsión policial.
Su consenso es que la reforma policial no se da «en un vacío» y debe concretarse paralelamente con el combate a la inseguridad ciudadana, la corrupción y demás problemas sociales.
Aseguraron que si es peligroso el costo económico y social de la corrupción, lo es aún más la parálisis que resulta de creer que son incompatibles el combate al crimen y las reformas policiales.
«Algunos creen que para combatir la criminalidad se debe cortar camino o posponer las reformas, y esta mentalidad es el mayor impedimento» en la región, dijo David Bayley, académico de la Universidad estatal de Nueva York.
Insistió en que no se trata únicamente de pedir más y mejores recursos -como equipos de comunicación, vehículos o agentes- sino de acompañarlo de un cambio de la «cultura» de la institución.
«La seguridad es un derecho humano y los gobiernos deben proveer una protección eficaz de la vida y la propiedad. La reforma policial haría más eficaz el combate al crimen», subrayó Bayley.
Un problema es el desarrollo desigual de las entidades policiales en temas tan fundamentales como la investigación de crímenes -en algunos lugares todavía se resuelven mediante la delación de los vecinos-, la creación de una base de datos y el análisis y prevención de la delincuencia.
Gino Costa, ex ministro de Interior de Perú, destacó que dicha reforma se dificulta por la inestabilidad social y política que enfrentan, por ejemplo, los países andinos.
Si en décadas pasadas los conflictos armados y la lenta marcha de la democracia impedían la reforma policial, ahora son la escasez de recursos, la corrupción y el débil marco de las instituciones, dijo.
Hugo Fr~hling, director del Centro para el Estudio de la Seguridad Ciudadana en Chile, argumentó que la corrupción policial es un «fenómeno cultural» de doble vía, porque los mismos ciudadanos contribuyen con el pago de sobornos.
«Quién corrompe a la policía en México, en Colombia, o en otras partes? La gente. Tiene que haber un esfuerzo exhaustivo para educar a la gente» y combatir ese mal, dijo el experto.
Rodrigo Guerrero, director de la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, en Colombia, destacó los planes en vigor, desde Mendoza (Argentina) hasta Brasil, México y Centroamérica por mejorar la capacitación y promoción de agentes, con la participación civil.
Sobre las presiones sociales o económicas que podrían disparar la delincuencia, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus explicó a EFE que si bien la desigualdad hay que combatirla, «el cuento de que la violencia se justifica por la pobreza hay que borrarlo».
Desde su antiguo cargo, Mockus logró reducir la criminalidad en Bogotá, con una amplia campaña para promover la «cultura ciudadana».
Entre sus campañas figura la emisión de 350.000 «tarjetas rojas» para promover la cooperación ciudadana contra el crimen.
En México, el gobierno del presidente Vicente Fox puso en marcha en 2001 la campaña «Ya no más mordidas», propagada en toda clase de artículos de consumo para desalentar el soborno a los policías.
El reto de los países es que, aparte de las sanciones y purgas policiales, mensajes como ése finalmente calen en la población.
