Al menos cinco diputados han sido sometidos y procesados por  la justicia desde agosto de 2010 a la fecha por diferentes delitos, tales como violación sexual, incumplimiento de manutención, abuso de confianza y agresión física.

El caso más reciente, de acuerdo con reportes periodísticos, es el del diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia  Hermanas Mirabal José Isidro Rosario Vásquez, quien fue demandado por  Aimée Gómez por   incumplimiento de manutención de un hijo procreado por la pareja.

A raíz del conocimiento de la querella, el Juzgado de Paz de  La Vega emitió, el 26 de marzo, una orden de prisión en su contra, impedimento de salida del país y el pago de cinco mil pesos mensuales.

Seducción de menor.  En tanto,  la semana pasada fue leída de manera íntegra  la sentencia que condena a un año de prisión  con seis meses de suspensión para cumplirlos en la cárcel de Najayo al  legislador perredeísta por  Santiago Rodríguez Ramón Antonio Fernández Martínez (Papo Fernández).

El congresista fue encontrado culpable de sustraer de la autoridad de sus padres  a la joven    Darialis Estévez, cuando tenía  14 años. En la actualidad, la demandante tiene 19 años.    Aunque en principio la querella fue por violación sexual, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció que se trató de una seducción.

Abuso de confianza.   Otro diputado solicitado por la justicia dominicana es Víctor Darío Féliz Féliz, acusado de abuso de confianza en perjuicio de Wellington Rojas, al alegadamente apropiarse de la suma de 55,100 euros que éste le entregó con la finalidad de que le realizara una transferencia, la que no  hizo.

 La próxima audiencia en torno al caso en contra del  también parlamentario perredeísta por la provincia de  Pedernales está fijada por el  pleno de la Suprema Corte de Justicia  para el próximo 19 de mayo, a los fines de citar testigos.

Agresión física y manutención.   Orlando Espinosa, del Partido de la Liberación Dominicana, lleva la delantera a sus colegas al ser sometido a la justicia en dos ocasiones; una por  manutención y otra por violencia doméstica.

El legislador por San Cristóbal fue demandado ante  la procuradora adjunta para asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes,  por incumplimiento de manutención.

  La acusación fue sustentada por Raisa Domínguez. En tanto, Ruth María Carvajal Mercado también presentó una querella contra el dirigente político, en esta oportunidad, por  agresión física, según se hace constar en recortes periodísticos  de febrero del 2011.

Sentencia.  Mientras  al congresista Leivin Guerrero se le ordenó disponer el pago de una mensualidad de RD$25,000, a favor de su vástago  menor de edad, luego de que se le interpusiera una demanda por incumplimiento de este concepto. Los actuales diputados fueron electos hasta el 2016.

Inmunidad Parlamentaria

 Sectores de la sociedad civil entienden que los congresistas abusan de su inmunidad y se creen por encima de las leyes.

De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Magna ningún senador o  diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a la que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.  “Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A  este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública”, indica la Constitución.   En tanto, el artículo 87 señala que cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento.