Al país le aguardan decisiones difíciles después de elecciones

Al país le aguardan decisiones difíciles después de elecciones

WASHINGTON (EFE). Los préstamos otorgados por el FMI y el BM esta semana a República Dominicana son un balón de oxígeno para el Gobierno, pero sólo han aplazado las decisiones difíciles que deberá tomar quien gane las elecciones de mayo, según los analistas.

«El problema es el mal manejo de la economía por parte de la administración de (el presidente Hipólito) Mejía», según dijo a EFE Manuel Orozco, un experto de Diálogo Interamericano, un instituto de estudios independiente.

Por ello, no se espera una reforma real hasta después de las elecciones, que las encuestas predicen que ganará el ex presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A pesar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Wall Street teme que Mejía caiga en la tentación de gastar en los próximos meses lo que queda en las arcas del Estado para aumentar su popularidad.

Por su parte, el Gobierno espera que el aval del Fondo traiga «sosiego y tranquilidad», no sólo dentro del país, sino también en el exterior para que se recupere la inversión.

Sin embargo, con una inflación del 43 por ciento en 2003 y el desempleo en torno al 17 por ciento, el país sigue estando contra las cuerdas. Además, la moneda ha perdido más de la mitad de su valor con respecto al dólar en un año y la depreciación se ha acentuado en los últimos meses.

Al mismo tiempo, el turismo creció un 19,5 por ciento el año pasado hasta alcanzar un nivel récord, y aportó 3.110 millones de dólares a la economía, mientras que las remesas también aumentaron, lo que apunta a que la pérdida de valor de la divisa se debe a que el Gobierno está imprimiendo más pesos de lo que debe.

Además, el influyente periódico financiero londinense «The Financial Times» publicó esta semana un artículo en el que mantiene que Santo Domingo está cerca de una suspensión de los pagos de su deuda privada externa, valorada en 1.800 millones de dólares.

El diario citó como señal de mal ag~ero el atraso en el pago de un vencimiento de su deuda el mes pasado, lo que hizo que la agencia Standard & Poor’s redujese su evaluación del país a un «CC», dos grados por encima del asignado a una nación en suspensión de pagos.

No obstante, expertos consultados por EFE creen que ésta no es inminente y que lo más probable es que quien gane la presidencia inicie un diálogo con los acreedores para obtener mejores condiciones para los pagos.

Mientras tanto, el Gobierno podrá usar los 66 millones de dólares otorgados por el FMI el pasado miércoles para hacer frente a algunas amortizaciones.

La decisión del Fondo abrió la puerta para que al día siguiente el Banco Mundial (BM) diese la luz verde a tres préstamos para el gasto social y la compra «urgente» de combustible para la generación eléctrica, por un valor total de 119,8 millones de dólares.

No obstante, el FMI ha tenido que hacer bastantes exenciones antes de liberar los fondos, pues Santo Domingo no alcanzó varias metas fiscales y monetarias a las que se había comprometido.

«El Fondo está entre la espada y la pared», por lo que aprobó el crédito para evitar males mayores, según Orozco.

El Gobierno tampoco cumplió los objetivos marcados sobre los atrasos en los pagos al exterior y las restricciones al tipo de cambio.

Asimismo, no aprobó dentro de los plazos previstos el presupuesto de 2004, los reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera, y la ley para reducir los riesgos bancarios y aumentar la supervisión.

Esta última es un área fundamental, ya que el detonante de la crisis fue el fraude de más de 2.200 millones de dólares en el Banco Intercontinental (Baninter), desvelado en mayo pasado.

El Gobierno trató de capear la crisis aumentando la inversión en obras públicas, pero para ello amplió la base monetaria y avivó la inflación, que alcanzó el 42,66 por ciento el año pasado.

En agosto, Santo Domingo consiguió un respiro al firmar un acuerdo de dos años con el FMI por 657 millones de dólares.

Sin embargo, éste fue suspendido temporalmente cuando el Gobierno compró sin consultar al organismo un 50 por ciento de las acciones de la compañía de electricidad española Unión Fenosa en las distribuidoras del norte (Edenorte) y del Sur (Edesur).

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