Las cosas que pasan en nuestro país, si se las contaran a otro ciudadano que vive en un país medianamente civilizado, de seguro que no creería ni la mitad de lo que aquí sucede.

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acaba de anunciar que el puente Duarte, antiguo Radhamés, al cual le robaron los cables de la base, ha sido puesto en servicio después de más de dos años de haber ocurrido la sustracción de cables tan grandes, que era casi imposible que las autoridades no se dieran cuenta, salvo como lo hemos expresado, se trata de encubrir a un “peje gordo” dedicado a la venta de metales, no de chatarras, para lo cual, la mina que posee son las barandillas, cables, alambres del tendido eléctrico, tapas de alcantarillas y el más rico botín, los alambres de cobre de las telefónicas.

  ¿Cómo es posible que la Policía Nacional no halle los ladrones? 

   El puente Duarte sufrió una disminución enorme en su capacidad de resistencia al serle amputados y robados siete cables, razón por lo cual hubo de prohibirse el paso de camiones y patanas.  Esto generó problemas en el tránsito pesado, que se vio obligado a desviarse por otros puentes.  ¿Cuánto costó este hurto? Nada más y nada menos que cuatro millones de dólares; es decir, unos 170 millones de los hediondos nuestros.  Lo importante sería saber ¿En cuánto vendieron esos siete cables?  Pueden tener la certeza que su venta no alcanzó a  cien mil pesos dominicanos.  El resto, lo pagamos los contribuyentes, que también paga a los que se descuidaron en vigilar la cosa pública.

  En los Bajos de Haina sucedió algo similar, cuando expertos maleantes desarmaron los rolos metálicos que soportaban un puente y sin embargo, en el frente había una metalera y nuestras autoridades no encontraron los más leves indicios de los metales hurtados.

   Hace tiempo que hemos venido escribiendo sobre la necesidad de prohibir la exportación de metales como una manera de frenar el que desaprensivos se dediquen a sustraer bienes públicos y privados que valen millones para venderlos por centavos.  Eso sí, los que compran todo ese material robado, han hecho grandes fortunas.

   Los artesanos y pequeños comerciantes de la Zona Colonial están totalmente desprotegidos en las calles en donde se está interviniendo para soterrar cables, ampliar aceras y corregir los desagües.  Si bien es cierto, que cuando se termine este proyecto por tanto tiempo anhelado, la ciudad colonial volverá a tener el aire señorial que tuvo en el pasado, pero, mientras esto ocurre, los pequeños propietarios de negocios están pasando las de Caín.

   Entendemos que todo el que causa un mal a otro está obligado a resarcirlo.  Aunque no en la medida que desearían, el Estado Dominicano debe socorrer a estos laboriosos ciudadanos que están soportando estoicamente unos trabajos que como me dijo un residente, van a “paso de tortuga”.

   Ya discurre más de dos meses desde que se empezó a tapiar tramos de calles para su intervención y no han terminado todavía un pedazo de una calle.  Por lo tanto, es imperativo que el Estado Dominicano subvencione con una modesta suma mensual por las operaciones mercantiles que dejan de realizar los propietarios de los negocios afectados.  En derecho, eso se llama el lucro cesante.  Es decir, compensar lo que el individuo deja de percibir por no poder ejercer a tiempo completo el oficio que diariamente realizaba, por obras en las calles en las cuales ejercen su profesión.

   Así como a los choferes de conchos se les asigna una subvención o compensación por auto-proclamarse “padres de familia”; del mismo estos son tan padres de familia como aquellos y a lo mejor más, ya que estos no andan haciendo disturbios y reclamando como suyas rutas de pasajeros a las cuales ellos no contribuyeron con sus esfuerzos a crearlas o mejorarlas.  Compensación para los pequeños empresarios afectados por las autoridades, sean estas del cabildo, de la ciudad colonial o gubernamentales.