LEANDRO GUZMÁN
El proceso democrático iniciado en 1961, tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, ha avanzado al paso de la tortuga. Tenemos una democracia que tiene una fachada infuncional, puesto que carecemos aún de justicia social porque nunca hemos tenido la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que emanan del poder político. El funesto artículo 55 de la Constitución vigente, que es una variación del artículo 210 que en el siglo 19 permitió al general Pedro Santana hacer y deshacer, es una fuente de males que se han arrastrado desde entonces hasta el día de hoy.

Se trata, sin lugar a dudas, de un puntal legalista que permite a los presidentes de turno hacer y deshacer, sin consultar al pueblo, que es la fuente del poder de aquellos que han sido elegidos en consultas populares cada cuatro años.

Estamos acercándonos a velocidad increíble a las asambleas populares previstas para el 16 de mayo del próximo año, de donde se supone saldrán los escogidos entre los mejores candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores de todo el país, representantes de las diversas fuerzas políticas que terciarán en esos comicios llamados «de medio término».

El proceso democrático podrá seguir estancado, lento o acelerado, dependiendo de la participación concienzuda de los ciudadanos, sin antagonismos partidistas y fanáticos que limitan la selección ponderada de los candidatos, con seguidores generalmente apartados o confusos en cada campaña electoral.

Los últimos gobiernos que hemos tenido desde 1961 hasta la fecha, excepto el de Juan Bosch en 1963, no han mostrado gran interés en darle participación al pueblo, pues todos los que le sucedieron crearon y se ampararon, desde Joaquín Balaguer hasta la fecha, en el famoso artículo 55 de la Constitución para hacer y deshacer, tomando decisiones sin la aprobación del Congreso Nacional.

Es una utopía pensar que este proceso democrático se pueda acelerar sin aprobar la figura del Plebiscito o el Referéndum Constituyente, que como muchos saben es la consulta del pueblo propuesto por los Poderes Públicos para modificar la Constitución o tomar otras iniciativas en las cuales los ciudadanos sean las figuras protagónicas.

Sabemos que es difícil, en la etapa en que vivimos, cuando la atención pública a menudo gira en torno a cosas que distraen la atención del pueblo, que se apruebe la figura del referéndum o del plebiscito, en base a una modificación constitucional, con un Congreso donde el partido en el poder tiene una minoría. Correría el riesgo de que dentro de esa modificación se establezca la no reelección, que la Constitución actual no se la impide, para que pueda continuar con los programas de desarrollo que a todas luces ha querido poner en marcha, tanto dándole seguimiento a la continuidad del Estado como a sus propias iniciativas.

Esto no significa, en modo alguno, que se piense que se aboga por la reelección, que siempre ha sido funesta para la República Dominicana. El caso de Joaquín Balaguer es suficientemente demostrativo para ilustrar los resultados de su afán permanente de perpetuarse en el Poder. El más reciente de esos ejemplos es el de Hipólito Mejía, quien en su afán de mantenerse en el poder por cuatro años más, en base a la reelección y pese a las recomendaciones en contrario de muchos de sus sinceros amigos, sufrió una derrota que incluso dividió a su propio partido. No tomó en cuenta, al parecer, que las divisiones traen derrotas.

Simplemente, queremos decir que una modificación constitucional debe tocar variados aspectos, no solamente el relativo a la convocatoria de Asambleas Populares, sino también a otros temas que contribuyan a mejorar la democracia, entre ellos el que se refiere a la necesidad de limitar las facultades de cualquier Presidente de la República en base a un artículo 55 que debería ser borrado por siempre jamás.