RAMÓN PIÑA ACEVEDO M.
Honorable magistrado y distinguido amigo:
Ya a estas alturas se me estaba formando un nudo en la garganta de tanto reprimir mis deseos de decir algo sobre la situación intolerable que se vive en ciertos estratos judiciales, no obstante el esfuerzo que realiza el alto cuerpo bajo su dirección porque nuestro servicio judicial rinda los mayores beneficios al país.

Debo dejar constancia de que la presente va dirigida a usted como cabeza del alto tribunal que preside, pero que al mismo tiempo va dirigida a todos los integrantes de la misma.

Y es que tengo a la vista sobre mi escritorio un ejemplar de la vigente Constitución de la República, abierta justo en el artículo 109 que manda lo siguiente: “La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República”.

Y después de darle varias lecturas a dicho texto y confrontarlo con la realidad he tenido que concluir, que la consignación constitucional responde a una broma a la colectividad o en todo caso fué un error su constancia por nuestros constituyentes. Ello, porque a la vista de nuestro actual sistema tributario y la evolución que hacia arriba han experimentado los gravámenes a todos los actos judiciales, cabe concluir que en la República Dominicana hay dos cosas extraordinariamente, caras y costosas: a)- la energía eléctrica y b)- la justicia.

Y a esta conclusión se llega no solo observando cómo los impuestos se han elevado a tal sitial que un simple acto de alguacil linda en la actualidad por los mil pesos si se tiene en cuenta lo que es preciso pagar al ministerial y a lo astronómica suma de que se cobra por el registro.

Pero es todo lo que aumenta el costo de la justicia. No. Hay algo peor: la inventiva de los funcionarios encargados de tramitar los expedientes, que viven creando obligaciones a cargo del que va buscando justicia. Esto hasta el colmo de que alguien se inventó en los Despachos del Ministerio Público que para la presentación de una querella era preciso para un impuesto. Lo que significa que si aún ciudadano le matan a su hijo, su esposa, o simplemente un amigo, él no puede presentar querella si no paga por este derecho. Casi increíble. Pero rigurosamente histórico. No se si ha desaparecido esta práctica.

Otro ejemplo de encarecimiento de la justicia por obra y gracia de los funcionarios es la especie creada según la cual a pesar de que la ley confiere autenticidad y fuerza probante a los actos notariales, se ha hecho indispensable en un sin número de casos que los actos notariales sean legalizados en los Despachos superiores del Ministerio Público. Creemos por una parte que o debe derogarse la ley que da fuerza jurídica a los actos notariales y otorgarse al funcionario que los legaliza o en todo caso eliminarse la atribución que este último se ha creado.

Recientemente mi ocupación profesional me llevó a visitar la ciudad de Santiago para representar a un cliente en una Cámara de lo Civil. Cuando fui a depositar los documentos en apoyo a las pretensiones de mi cliente, la Secretaría me obligó a hacer el depósito de una suma para sacarle copia a todos los documentos y cursarlos a la contraparte. Algo que yo en 59 años de ejercicio profesional no había visto por cuanto hasta ese momento para mí la comunicación de documentos sé hacia mediante el depósito en el tribunal de los documentos y en conocimiento del depósito la parte interesada debía ir a la Secretaría a estudiar su expediente. Pero parece que allá en los círculos de la ciudad Corazón, hubo alguien que entendió que era más cómodo cargarle a las partes el pago de copias para que las dos partes estudiaran con más comodidad el expediente. Forma naturalmente de encarecer el procedimiento por cuanto tal inversión ni siquiera está contemplada por la Tarifa de Costas Judiciales.

Pero esta gracia no es la última. En todos estos años en el ejercicio profesional había visto cómo en cada caso al terminar la instancia las partes interesadas se presentaban a realizar el desglose de los documentos para sus archivos o para el uso en la instancia que siguiera, si había algún recurso. Esto se venía haciendo sin ninguna cortapisa y con la sola presentación del inventario de depósito.

Pues bien, señor Presidente. Asómbrese. Al tratar recientemente de desglosar ante la Cámara de lo Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el Secretario nos ha obligado a consignar una suma para sacar de todos los documentos a desglosar a fin de que la Corte se quedara con copia de los mismos. Nos preguntamos para que si la instancia ya ha terminado en esa jurisdicción. Además la ley en ninguna parte impone este requisito, pero naturalmente como se trata solo de cargar al contribuyente un gasto más, eso no importa. Al pueblo que pague.

Demás está hablar de las exigencias que formulan los empleados para que se les de datos de mayor número de copias de los actos, que determina la ley todo en perjuicio del contribuyente. Y hay muchas minucias más que será útil examinar.

Creo que urge que esa superioridad confronte estas pequeñeces, y corrija el proceder del personal judicial que se empeña en ir estableciendo barreras económicas en un caso y de otra índole en otros para entorpecer los derechos de aquel que tiene la desgracia de tener que ocurrir a la justicia para resolver sus problemas.

Creo justo que esa superioridad que tiene sus formulas para observar la conducta de las jurisdicciones inferiores y de su personal, debe tomar nota de estas pequeñeces a fin de que el usuario de la justicia no se vea compelido a Claudicar ante el abuso de que son objeto del personal tramitador de los expedientes al propósito exclusivo de hacer muchos más dispendioso de lo que ya lo es, todo procedimiento judicial.-

Lamento haber ocupado parte de su tiempo en las anteriores incómodas notas, pero contemplando lo que pasa a diario en nuestros tribunales, ya me resultaba imposible mantenerme callado. Desde luego, que lo expuesto no es lo único. Lo señalado es solo lo que yo, en la tranquilidad de mi estudio, en los despachos judiciales son de antología.

Con el respeto de siempre y con sentimientos de la más distinguida consideración, le saluda,

Dr. Ramón Pina Acevedo M.

Abogado