Alarma y expectativas

Alarma y expectativas

Las alzas de los precios del petróleo llenan de alarma y expectativas nada halagüeñas las economías de los países no productores de este mineral fósil, como es el caso nuestro.

La incertidumbre de esta situación radica no sólo en los precios actuales y la barrera sicológica de cien dólares por barril aventurada por los analistas, sino en el hecho cierto de que nadie sabe cuál será el techo final de estas alzas y cuáles sus consecuencias globales.

El Gobierno dominicano ha reaccionado con alarma  al rondar los precios petroleros los US$88 por barril y se anuncia para mañana viernes el estudio, por parte del Presidente de la República, de un conjunto de medidas de contingencia para ahorrar combustibles y energía.

El país tiene que prepararse para reducir sus gastos petroleros, consumiendo menos de este mineral y procurando incentivar alternativas relativamente ventajosas, como gas natural, etanol, biogás, biodiesel y energía solar y eólica.

 Tiene que fomentar un uso eficiente y racional de los hidrocarburos  y la electricidad generada por estos medios. A corto y mediano plazos, debe apresurar la conversión a gas natural  de cuantas plantas térmicas operadas con derivados petroleros sea posible.

 Hay que crear, a la mayor brevedad, el marco jurídico que sacaría del estancamiento importantes inversiones para producción de etanol y biodiesel.

Pero, por sobre todas las cosas y ante esta amenaza de magnitud insospechada para nuestra economía,  el Gobierno tiene que ser el primero y más firme compromisario en  respetar las restricciones al uso de combustibles y electricidad. Debe predicar con el ejemplo, para bien de todos.

Campaña electoral

El Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación  debe ser el fruto de un entendimiento entre la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos, sin merma, bajo circunstancia alguna, de las facultades y soberanía del organismo electoral.

 Ese reglamento tiene que librar al país de la traumática pérdida de tiempo en proselitismo, distribuir en igualdad las oportunidades y  preservar por todos los medios  los recursos del Estado.

La JCE y los partidos deben renunciar a cualquier interés por establecer vías de censura para los medios de comunicación o pautas que vulneren su derecho a aceptar o rechazar publicidad.

Del mismo modo, la JCE debe desistir de cualquier propósito de conferirse a sí misma  poderes o facultades que suplanten  las que corresponden al Poder Judicial y sus tribunales ordinarios.

El país no puede continuar dispendiando tiempo y dinero en proselitismo, como tampoco debe ser tan extensa la transición para el cambio de mandos.

El reglamento, aunque debe estar basado en un entendimiento y buena voluntad de la JCE y los partidos es, definitivamente, un instrumento consustancial a las facultades de la Junta, y así debe ser entendido por los partidos, cuyos intereses no siempre coinciden con los del pueblo dominicano.

Nuestra democracia ha avanzado bastante apelando a la concertación, sin que ello haya degradado en modo alguno la autoridad de organismos como la JCE o los derechos de los partidos. No hay razones valederas para que en esta oportunidad sea diferente.

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