Como era de esperarse tratándose de un tema tan delicado y con tantas implicaciones, han provocado alarma y rechazo las modificaciones introducidas por el Senado a la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral, que según la JCE le restaría autoridad y autonomía como órgano rector de los procesos electorales.

Ayer el movimiento cívico Participación Ciudadana pidió a la Cámara de Diputados, que envió a una comisión especial, para su estudio y ponderación, el proyecto aprobado de urgencia por los senadores, corregir sus “graves errores y omisiones”, y llamó la atención del presidente Luis Abinader y el resto del liderazgo político para que conviertan en realidad sus promesas de contribuir a la democracia y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

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Sobre la modificación del artículo 25, que se convirtió en 27 en el proyecto de ley, Participación Ciudadana opina que se trata de una maniobra para inutilizar a la JCE, pues se sometería a una supervisión institucionalizada y permanente de los partidos políticos todas las decisiones y planes del órgano electoral, con lo que se estarían violando las facultades que le otorga el artículo 212 de la Constitución de la República. Esa propuesta, enfatizó, debe ser rechazada por todos los sectores que abogan por el avance electoral y democrático del país. Y así debe ser y esperamos que así sea, aunque a la luz de los cambios introducidos y sus posibles consecuencias para nuestra vida democrática parece que esos sectores no estaban representados en la comisión del Senado que trabajó el proyecto de modificación de la Ley 15-19. Es por eso que tampoco creo que lo que tienen que corregir y enmendar los diputados pueden considerarse “errores”, como los llamó cándidamente Participación Ciudadana, ya que la experiencia nos ha enseñado que cuando nuestros políticos se equivocan de esa manera lo hacen sin querer queriendo y para beneficio propio y de los suyos. Y, sobre todo, sin detenerse a pensar en las consecuencias.