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Dos años después de haber sido suspendido por su presunta vinculación con el asesinato de un regidor de su municipio, el alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), asumió nuevamente su cargo.
Al participar en la sesión del Concejo de Regidores el alcalde Sosa Marte, señalado como autor intelectual de la muerte del regidor Renato de Jesús Castillo, aseguró que no tiene hecha ni sospecha y prometió entregar varias obras antes de que culmine su período, el próximo 16 de agosto.
“Yo solo sé que no he hecho nada; el que no tiene hecha no tiene sospecha”, declaró Sosa Marte.
La reposición de Sosa Marte se produce en violación a lo que establece la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que en su artículo 44 indica las condiciones en que deben ser suspendidos y repuestos en sus cargos los funcionarios municipales.
“Procederá la suspensión en sus funciones de síndicos y síndicas, vicesíndicos y vicesíndicas, regidores y regidoras desde el mismo momento en el que: se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad; se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad”.
El alcalde fue arrestado en el 2014 por el asesinato del regidor, muerto de tres tiros en Monte Plata, y se le dictó prisión como medida de coerción.
En octubre de 2015 el juez Darío Gómez, de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, le varió la medida por una garantía económica de dos millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
¿Cuándo procede? Pero la Ley de Distrito Nacional y Municipios establece que solo podrán ser repuestos en sus funciones en caso de ser absueltos de las acusaciones en su contra. Sosa Marte tiene audiencia de juicio de fondo el 8 de agosto.
Por ese el caso guardan prisión Rafael Javier Olivo, quien confesó haber cometido el crimen; Freddy Ortiz, José Marcial Puello Soto, Yolkis Severino Alberto y Michael Peña Bueno.
Olivo trabajó en el ayuntamiento por 9 años. Era miembro de la Policía Nacional y cuando ocurrió el crimen laboraba en la fábrica de espuelas plásticas, propiedad del alcalde Sosa Marte, el único de los acusados que está en libertad.
