LA JUNQUERA, España.AFP. Con su amplia oferta de prostíbulos, La Junquera, localidad española fronteriza con Francia, atrae cada día a multitud de franceses en busca de sexo barato, lo que ha provocado la ira del alcalde, que quiere limpiar la imagen del pueblo.

Los prostíbulos, autorizados en España, «dan una mala imagen de la ciudad, se dice que es el burdel de Europa», lamenta el patrón de un bar, que prefiere guardar el anonimato.

La gota que colmó el vaso fue la apertura en octubre de un nuevo «puticlub», como se les conoce en España, capaz de recibir hasta 600 clientes. El alcalde de esta localidad de 3,000 habitantes situada en la autovía Perpiñán-Barcelona, Jordi Cabezas, intentó durante cuatro años impedir la construcción del prostíbulo. En vano, porque la justicia acabó autorizándola, y además en el corazón de la localidad, a pocos metros de un concurrido supermercado.

Más alejado del pueblo, el Dallas es uno de los mayores burdeles de la zona. Nico, el gerente, no quiere hablar de «prostíbulo», y prefiere decir «hotel para mujeres». Las prostitutas, latinoamericanas, rusas, búlgaras y rumanas, alquilan las habitaciones a 80 euros por noche. «El proxenetismo está prohibido en España. No recibo comisiones, las chicas son independientes», asegura Nico que, eso sí, cobra derechos de entrada y vende las consumiciones a un precio más elevado. Según él, unos 500 clientes pasan cada noche por el Dallas. En torno a la barra, un centenar de chicas jóvenes en tanga y con tacones de 15 cm, se dirigen a los clientes directamente en francés, con un «Bonjour, ça va ?» acompañado de caricias en el cuello. Y es que el 90% de los clientes viene del país vecino. «En mi barrio, todo el mundo conoce el Dallas», explica Mohamed, de 18 años, procedente de Béziers, una localidad situada al norte de Perpiñán.

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En plena calle

El alcalde de La Junquera lucha también contra la prostitución que se da en los inmensos aparcamientos para camiones o junto a la carretera, donde las prostitutas de Europa del Este y de Nigeria buscan clientes entre los automobilistas y los camioneros.

En julio de 2009, el alcalde lanzó un plan que castiga con una multa de 300 euros a los clientes y prostitutas sorprendidos en flagrante delito de transacción en la vía pública. Unas 300 personas fueron multadas el año pasado.