Ni los propios interesados empujan el tren municipal para que llegue a su destino, a la meta de ser gestores de desarrollo, capaces de liderar la transformación de sus comunidades, convertir la alcaldía en el motor del desarrollo económico, social y cultural.

Alcaldes y regidores no asumen ese rol ni a muchos les interesa. Apenas gobiernan, no participan en planes y proyectos que impulsen un desarrollo integral en los territorios donde fueron electos, donde son responsables de elevar la calidad de vida de los munícipes.

Mientras, los problemas se agigantan. Las alcaldías permanecen en degradante parasitismo, subutilizando los recursos humanos y financieros, de espaldas a sus riquezas naturales o explotadas, con exiguo beneficio municipal, por empresas nacionales y extranjeras que con la minería o el turismo degradan el ambiente.
Tampoco el Gobierno central responde a los grandes apremios municipales. En consecuencia, la expansión económica dominicana no se encarrila por sendas municipales, menos aún por los trillos de la ruralidad, en dramático abandono.

Municipios y juntas de distritos sobreviven en agónica pobreza, sus potencialidades dormidas o irracionalmente explotadas, dejándoles polvo y olvido. Ciudades estáticas en el tiempo, pueblos fantasmas, economías paralizadas o en regresión, la involución impresa en barrios arrabalizados, parajes paupérrimos y campos baldíos.

Lo atestigua el mapa nacional de la pobreza, sobre todo cinco provincias con un degradante lugar: Elías Piña, con un índice de 83.2%; Pedernales, 74.6%; Baoruco, 74.5%; Independencia, 72.9%, y El Seibo, de 70.7%.

No parecen ser parte de un país en crecimiento, con un presupuesto actual que se remonta a RD$663,558 millones, casi el triple de los RD$258.449 millones en 2007, cuando la ley 176 confirió a los cabildos atribuciones trascendentes como gestores de desarrollo de los territorios bajo su mando.

Entre 2007 y 2016 la asignación presupuestaria municipal solo creció de RD$12,979 millones a RD$16,994 millones.

Gestar el desarrollo. El económico, entre otros factores, impide a las alcaldías ser gestoras de desarrollo, un mandato legal violado, ignorado, que tienen que cumplir en coordinación con el Gobierno nacional, en alianza con el sector privado y la activa participación ciudadana para impulsar la inversión productiva.

Con tal propósito, deben ejecutar proyectos que dinamicen la economía municipal, generen empleo, reduzcan la pobreza y el deterioro medioambiental.

No gobiernan. Economía, educación y salud, seguridad ciudadana, medio ambiente, turismo y otras áreas vitales se controlan desde el Gobierno central, dejando a las alcaldías atribuciones menores. Cualquier instancia del Gobierno central hace cuanto quiere en un municipio sin consultar al cabildo, inclusive sin respetar decisiones del Concejo de Regidores.

Los marginan. El centralismo pauta el quehacer gubernamental, pospone en su agenda la transmisión de mando a los gobiernos locales, en una desvalorización que se manifiesta culturalmente.

Se expresa en actitudes mentales e intelectuales, en la forma en que mucha gente se concibe lo provincial, dominando una mentalidad capitalina que lo descalifica como de tercera o cuarta categorías, aún sin conocerlo. Se evidencia, incluso, en actitudes absurdas, como el rechazo a la alcaldía de Higüey de la autorización para un departamento de turismo que había creado..

Los focos del desarrollo dominicano están centrados en el área metropolitana del Gran Santo Domingo (GSD), la zona central del Cibao y el polo turístico del Este, cuyos dividendos no se quedan en el país, muy poco derraman en las provincias La Altagracia y La Romana.

Ese esquema no fomenta la equidad en el territorio nacional. Regiones, provincias y municipios más pobres son los menos beneficiados con la inversión estatal, conduciendo a un desarrollo desigual, a la ausencia de cohesión territorial.

Inequidad intermunicipal. La inequidad en los fondos presupuestarios entre los gobiernos central y municipal es desproporcionada, pero también lo su distribución entre las administraciones locales.

Además del GSD y Santiago son más favorecidas las provincias de La Vega, San Francisco y San Pedro de Macorís, Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal, no más de diez.

La principal partida va al Distrito Nacional, sucedido por Santo Domingo Este, el mayor municipio del país, con un presupuesto en 2016 de RD$2,345.5 millones.

En el otro extremo, cabildos con RD$12 o RD$14 millones anuales, con lo que no pueden construir desarrollo local, tan solo ser generadores de empleo improductivo.

Un mayor equilibrio en las finanzas requiere de nuevos criterios, además del poblacional, único actual, incluir el índice de pobreza, esfuerzo fiscal y tamaño del territorio.

Fragmentación. El reparto del dinero estatal fragmentó extremadamente al país en 387 administraciones edilicias: 155 municipios (157 desde agosto) y 232 distritos municipales, inhabilitando a los más pequeños.

Como en años anteriores, durante el último cuatrienio hubo una estampida de nuevos distritos municipales, incrementando la carga burocrática, violando disposiciones legales.

Menos de un tercio de los municipios cumple el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y un mínimo de ingresos propios de 10% de su asignación presupuestaria. De 232 distritos, una decena posee más de 10 mil habitantes e ingresos propios de 10%, y un 20% la población legal.

Detener esa fragmentación es una de las condiciones esenciales para conducir las alcaldías a la legalidad, al cumplimiento de sus funciones en la gestión del desarrollo municipal.