Alegan doble registro Baninter databa 1989

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POR TANIA HIDALGO
El Ministerio Público presentó ayer un informe preliminar de la comisión administradora del desaparecido Banco Intercontinental (BANINTER), al 30 de abril del 2003, donde se indica que con el fin de presentar una mejor imagen financiera, la entidad bancaria, desde finales de 1989 comenzó a operar un sistema automático de registro irregular, a través del cual se realizaban transacciones fuera de los libros oficiales.

Los procuradores adjuntos Carmen Alardo y Francisco García, así como el fiscal adjunto, Daniel Germán Villalona, al dar lectura a la  prueba número 9, expresaron que mediante la transferencia de depósitos del BANINTER a los libros del sistema llamado “interbanco”, se ocultaba al cierre del día el monto del sobregiro que originaban dichas operaciones.

Durante la audiencia del juicio seguido a los imputados en el fraude atribuido en el BANINTER, también se leyó la prueba número 8 consistente en otro informe con el que pretenden demostrar que Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo incurrieron en una serie de hechos fraudulentos.

En tanto, el Ministerio Público se abstuvo de dar lectura a la prueba número 7, contentiva de los estados financieros de la entidad bancaria desde el 30 de junio del 2001 al 31 de marzo de 2002.

Los procuradores adjuntos alegaron que la citada prueba no fue presentada ante el juez de la instrucción que hizo las pesquisas del caso.

A seguidas, el juez presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, advirtió que “las pruebas que no se discutan o debatan en audiencia, el tribunal no las va a valorar”.

 El tribunal está integrado, además, por las magistradas Pilar Rufino Díaz y Giselle Méndez.

Los abogados de la defensa de los imputados objetaron ambas pruebas, por entender que carecían de validez.

En cuanto a la prueba 9, Tony Delgado, en representación de Báez Cocco, dijo que es inaudito acreditar como prueba un documento preparado por la Superintendencia de Bancos que, a su vez, es parte querellante.

 Agregó que el alegado informe carece de firmas, fechas y otros elementos básicos que debe tener un documento para ser tomado en cuenta como prueba. De su lado, Marino Vinicio Castillo y su hijo Vinicio Castillo Semán, parte legal de Báez Figueroa, señalaron que el Ministerio Público obvió la lectura de ocho páginas que formaban parte de la prueba número 9, en las cuales figuran detalles importantes que debieron ser citados.

Según el informe, el balance presentado fuera de libros al 31 de diciembre del 2002, mostraba activos adicionales por RD$55,590 millones, equivalentes a más del doble de los activos oficiales (RD$26,067 millones).

La cartera fuera de libros correspondía a vinculados y contenía gastos extraordinarios realizados, según se consigna en el documento.

 Agrega que el 57% de la cartera presentada en el balance combinado constituía un activo inexistente o de muy difícil recuperación, en adición a la pobre calidad de la cartera registrada oficialmente por el banco.

ABOGADOS BANCO CENTRAL

De su lado, los abogados de la parte civil constituida saludaron la decisión del tribunal de permitir que las partes, incluyendo el Ministerio Público, den lectura a los aspectos de las pruebas que entiende son fundamentales “y no así de manera íntegra como se había estipulado en principio”.

Dijeron que sólo pretenden leer de cada documento de prueba aquellos aspectos que tienen que ver con el caso y que les permiten probar las infracciones atribuidas a los imputados.

Explicaron que leer todos los documentos de manera íntegra les tomaría 30 años y agradecieron a Dios, que ayer el juez tomó una “excelente” decisión y dejó en libertad a las partes de leer solamente aquellos aspectos de los documentos que sirven para probar la alegada infracción lo que, entienden, acelerará el proceso. Los abogados Francisco Alvarez y José Lorenzo Fermín, en representación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y BANINTER añadieron que cualquier elemento que omita el Ministerio Público o la parte civil, porque no le interesa para sustentar la acusación, la defensa puede entonces utilizarla a su favor, sí así lo entiende.

ALVAREZ RENTA

El juicio inició pasadas las 11:00 de la mañana con la intervención de los abogados del imputado Luis Alvarez Renta, quienes solicitaron al tribunal suspender el conocimiento del proceso en cuanto a su cliente, hasta tanto se conozca el juicio que se le sigue en Estados Unidos.

El juez emitirá su fallo con relación a este incidente en la mañana de hoy. Los abogados Eric Raful, Joaquín Zapata, Santiago Rodríguez y Salvador Catrain expresaron que su cliente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. 

Álvarez Renta acusó al Banco Central de obstruir el desarrollo del juicio BANINTER en el país, al proponer a un tribunal de Estados Unidos que ordene su apresamiento hasta tanto no pague una suma de dinero sobre la base de un veredicto que todavía no ha sido fallado por el juez de La Florida.

Alvarez Renta sostuvo que la posición de la Autoridad Monetaria y Financiera violenta el principio del doble proceso, consagrado en la Constitución de la República y limita el derecho de la defensa que, según alegó, es una norma fundamental consignada en el Código Procesal Dominicano.

“Si el juez, por ejemplo, ordena una medida coercitiva en los Estados Unidos, ¿Qué hago yo con el juicio en la República Dominicana?, se preguntó el empresario, al atribuir a sus acusadores utilizar la medida como un mecanismo para impedirle que pueda ejercer su defensa en el país.

El economista denunció que el 4 de enero pasado fue impedido de salir del país cuando se proponía viajar a Estados Unidos para estar presente en el proceso que se le conoce en La Florida, dentro de la fecha autorizada por el tribunal dominicano.

Dijo que como consecuencia de ello tuvo que salir el viernes a las 9:00 de la mañana, exponiéndose a llegar tarde a la audiencia en Miami, que era a la 1:00 de la tarde.

“Se le informó al juez el mismo viernes que el lunes nosotros estábamos supuestos a estar de regreso a la República Dominicana, porque el permiso que nos había otorgado la corte era hasta el fin de semana, exclusivamente, pero el juez hizo caso omiso y fijó su audiencia para el lunes y después el lunes fijó una audiencia para el martes, por lo cual técnicamente nosotros tuvimos dos días desacatando las órdenes del tribunal dominicano”, indico Álvarez Renta.

En el expediente figura, además, el abogado Jesús María Troncoso Ferrúa.

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