La decisión de Miguel Vargas de presentarse como precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para el 2024 fue rechazada por sus opositores a lo interno de esa organización, que calificaron la acción desafortunada y desesperada, “una reacción torpe ante el creciente rechazo de las bases”.

Según Samuel Peña, miembro de la Comisión Política y de la Corriente Renovadora, la decisión de Vargas es imprudente, extemporánea, ilegal, anti estatutaria, nula y no es vinculante al partido. Dijo que esa actividad fue ilegalmente financiada con fondos del partido que no han sido avalados por algún órgano institucional.

La Corriente Renovadora del PRD solicitó una auditoría a los recursos manejados por Vargas.

Recordó además que la Ley Electoral y el reglamento de la JCE tienen taxativamente prohibidas las precandidaturas antes de octubre del 2023 y que justo ahora se busca frenar la campaña a destiempo.

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Peña indicó que la reunión de Vargas no fue más que un mitin político itinerante que ha montado en varias regiones del país trasladando a societarios, asalariados suyos, familiares y amigos obligados del “partido en una pantomima digna de mejor propósito”.

“Esos eventos no son el producto de la decisión de ningún órgano directivo del PRD. En consecuencia, carecen de vinculación partidaria y no compromete al PRD con esa acción absolutamente personal, sectaria y facciosa”, enfatizó.

Recordó que las estructuras del PRD donde se toman acuerdos de candidaturas, que son el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política, han sido cerrados por el presidente Vargas por más de tres años e incluso la Comisión Presidencial Ejecutiva, la que estatutariamente debe reunirse semanalmente a tomar las decisiones del día a día, ha sido congelada por 2 años por la “actitud medalaganaria, arrogante y caudillesca del Señor Vargas, quien ha sustituido la voluntad colectiva”. Peña apuntó que en tal virtud, todas las acciones tomadas por Vargas en ese período carecen de legalidad.