La familia del teniente del Ejército Raymundo Cabrera reniega de la hora en la que este decidió pertenecer a las filas militares debido al giro que han dado sus años de servicio, encontrándose hoy en prisión por pedir en público su pensión.
El militar solicitó un hábeas corpus por prisión ilegal. Según sus abogados, el organismo que impuso esa medida no es competente.

El tribunal del Ejército impuso a Cabrera tres meses de prisión preventiva por deserción al interior, un delito meramente militar, que consiste en ausentarse de su servicio por más de 10 días, según lo explicado por Bernardo Jiménez Fulcar, abogado del cuerpo castrense.
Pero la defensa del teniente recordó que ninguna institución pública puede sancionar con prisión la falta de un empleado.
Dice que el gran pecado de este fue pedir de forma pública al ministro de Defensa su baja y que le paguen su pensión, que merece hace cuatro años.
Cándido Simó indicó que los tribunales militares están consignados para funciones disciplinarias, no penales, pues la Constitución los derogó. Entiende que los militares deben respetar los derechos de sus subalternos. Refirió que la Constitución establece que la prisión es ilegal si la otorga un órgano incompetente.

Días atrás circuló en las redes sociales un vídeo del militar, donde pedía que le otorgaran su pensión, luego de 24 años de servicio y explicaba las condiciones en las que vivían.
La madre de Raymundo dijo que su hijo no ha hecho cosa deshonesta para que esté en esta situación; suplica que le dejen en libertad y que le otorguen su pensión. Denunció que fue secuestrado y maltratado como un delincuente.
También, que miembros de ese organismo fueron a su casa y les hicieron todo tipo de amenazas.
El recurso fue reenviado para el primero de febrero, a fin de que el militar sea trasladado al palacio de justicia y encausar al ministro de Defensa, mayor general Rubén Darío Paulino Sem y al comandante del Ejército, mayor general Braulio Alcántara López.