POR: José Alberto Ortiz B.

Durante los últimos años, Perú ha sentado cátedras en la persecución y sanción de la corrupción administrativa. Su Ministerio Público es un vivo ejemplo de que trabaja para que, como rezan los Evangelios, no haya nada escondido que no haya de manifestarse.

El Ministerio Público peruano demostró, en el caso del ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006), que cuando se está atento al sonido de las alarmas, se debe estar despierto para luchar en la búsqueda de la verdad.

Jorge González, en su libro Odebrecht: la historia completa, narra cómo en enero de 2013, el diario El Correo sorprendió a sus lectores con una serie de reportajes que revelaban que Eva Fernenbug, suegra de Toledo y que en ese entonces tenía 84 años de edad, acababa de comprar una casa en el sector Casuarinas del Sur, donde se encuentran algunos de los más exclusivos condominios de Lima. La señora, de nacionalidad belga, pagó por la mansión más de 3.7 millones de dólares en efectivo y la destinó para que habitaran en ella su yerno, su hija y su nieta.

El Correo indagó en los registros notariales públicos y halló que el contrato de venta violaba la ley, al no consignar la información sobre la procedencia del pago. La notaria que legalizó las firmas en el acto, luego de la publicación, trató de enmendar el error, emitiendo una especie de errata, según la cual el inmueble había sido adquirido con fondos provenientes de un préstamo gestionado desde el exterior a través del Scotiabank.

El trabajo de El Correo sonó una alarma que activó a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos.

En 2014, después de hallar las primeras pistas que conducían a la ruta del dinero destinado a la compra de la mansión y de dos inmuebles más adquiridos por la suegra de Toledo, el Fiscal Especializado Marco Antonio Cárdenas lo llamó a declarar junto a su esposa. Les pidió explicaciones sobre la constitución en Costa Rica de una empresa denominada Ecoteva Consulting Group, S.A., presidida, al menos nominalmente, por la compradora de la vivienda. Esa sociedad había canalizado desde Costa Rica los recursos para las millonarias adquisiciones. Ecoteva recibía el dinero de compañías que pertenecían a Josef Maiman, inversionista peruano-israelí, a quien Toledo siempre presentaba como su mejor amigo. Maiman era fundador y cabeza del grupo Merhav, una multinacional con presencia en países de Asia, Africa y America Latina, quien figuraba en el “top 20” de los hombres más ricos de Israel, según la medición de la revista estadounidense Forbes.

El citatorio a Toledo en 2014 se produce luego que, en 2013, el Ministerio Público supo que el dinero para la compra de la mansión había sido girado desde San José de Costa Rica, lo que motivó a los investigadores a trasladarse a ese país para revisar las actuaciones del notario Melvin Rudelman, en cuyo despacho fue constituida Ecoteva.

Rudelman declaró a los fiscales que, en 2012, recibió una visita en su despacho del ex mandatario, quien le solicitó que constituyera una sociedad anónima con su suegra como cabeza. Ese mismo año, a petición de Toledo, Rudelman recibió a su suegra, a quien le estructuró un contrato de préstamo, mediante el cual Ecoteva le prestaría a ella la suma de tres millones de dólares, luego de Ecoteva recibir dichos fondos mediante un contrato de préstamo con el Scotiabank de Costa Rica con garantía de una serie de certificados de depósito que poseía Ecoteva en la institución. Los fiscales descubrieron que Ecoteva era alimentada financieramente por cuatro empresas offshore creadas por Josef Maiman.

La investigación de lavado de activos del Ministerio Público dio un giro asombroso a finales del año 2016, cuando Estados Unidos, Suiza y Brasil canalizaron a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos la denuncia sobre los pagos que hacía la corporación brasileña Odebrecht para ganarse contratos de infraestructura en varias latitudes. Jorge Henrique Simoes Barata, representante de la multinacional en Perú, levantó el velo que cubría el pago de los sobornos.

Barata, en su relato al Ministerio Público, informó que en 2004 decidió involucrar a Odebrecht en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), de la cual formaba parte el proyecto del corredor vial interoceánico Perú-Brasil, obra que terminaría costando 4.233 millones de dólares. La adjudicación de la obra a Odebrecht se acordó en una reunión del propio Toledo con Marcelo Odebrecht en Rio de Janeiro, en el marco de la asistencia de Toledo a una cumbre del Grupo de Rio. Toledo se comprometió a que Odebrecht asumiría el proyecto, siempre que él recibiera una comisión de 35 millones de dólares.

El convenio entre Toledo y Odebrecht estableció que los fondos serían recibidos por Maiman, quien sabría cómo incorporarlos al sistema financiero. Los acuerdos incluyeron a tres empresas peruanas consorciadas con Odebrecht, a quienes la prensa bautizó como el “club de la construcción”. El gran negocio no sólo sería “ganar” las obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sino multiplicar artificialmente sus costos para pagar los sobornos con el mismo dinero que obtenían del Estado.

Los hechos fueron probados mediante la entrega por parte de Barata a las autoridades de copias certificadas de los documentos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht relativas a la “manera solidaria” como se efectuaron los pagos con destino al Presidente Toledo, a través de cuentas de las empresas offshore de Josef Maiman. Aportó además las actas de las asambleas generales de accionistas de las empresas que formaban parte del Consorcio Interoceánica, que acreditan la cesión de utilidades a favor de Odebrecht como mecanismo de compensación de los pagos ilegales.

Toledo se aseguró los pagos de las comisiones, produciendo una serie de resoluciones y movimientos de fichas en la administración para asegurarse de que las adjudicaciones fueran realizadas a medida de los intereses de Odebrecht, trasladando a su despacho las deliberaciones del Consejo de Pro Inversión (agencia estatal que promueve la inversión privada). Esta entidad gubernamental fue la que entregó en concesión el proyecto del corredor vial inter oceánico entre Perú y Brasil.

Con este soporte probatorio, el Ministerio Público obtuvo del juez Richard Concepción el 19 de febrero de 2018 un auto de requerimiento judicial de extradición en contra del ex mandatario, ya que éste había abandonado el Perú en enero de 2017 para refugiarse en las actividades académicas que desarrollaba en San Francisco, California. Previamente, el juez Concepción había impuesto 18 meses de prisión preventiva en contra de Toledo. Su decisión fue confirmada dos meses después por la Corte Suprema, la cual le imputó a Toledo los delitos de tráfico de influencia, colusión y lavado de activos.

A juicio de la Corte, Toledo aplicó la figura de “autolavado” porque fue él quien generó los activos y más adelante se coludió con otros en actos de “coinversión”, que constituyeron la fase de colocación de los recursos provenientes de las coimas. La colocación supuso tanto la disposición de las empresas offshore de Maiman como el uso de sus cuentas bancarias para la inserción del pago de los sobornos en el circuito económico financiero legal.

Toledo fue arrestado en julio de 2019 en Estados Unidos, como consecuencia del pedido de extradición. En marzo de este año, un tribunal estadounidense le concedió la libertad bajo fianza y actualmente se encuentra inmerso en el proceso de extradición. El sometimiento de Toledo es el resultado de un Ministerio Público independiente y un sistema de justicia eficaz, que ante un crecimiento patrimonial desmedido de un ex Presidente y unos medios de comunicación comprometidos con la búsqueda de la verdad, han arrinconado a Alejandro Toledo al punto de colocarlo al borde de una condena judicial.

En próximos artículos examinaremos los casos de los pasados Presidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kucynszki, todos procesados a consecuencia del caso Odebrecht. ¿Lograremos algo parecido en República Dominicana? Todo depende de la disposición del próximo Gobierno a independizar el Ministerio Público del poder político. Con un liderazgo firme, se podrá lograr.