La Asamblea Nacional que discute una nueva Constitución de la República puso límites esta semana a las exclusiones contenidas en el proyecto sometido por el presidente Leonel Fernández, al modificar el artículo que excluía a los residentes ilegales del derecho a la educación.

La decisión de la mayoría cualificada de las dos terceras partes de la asamblea sorprendió a la opinión pública al variar el rumbo conservador y excluyente impregnado en el proyecto que se había fortalecido la semana anterior cuando se aprobó el polémico artículo 30 que consagra la prohibición de todo género de aborto.

La asamblea tiene pendiente decidir sobre el artículo 16 que privaría de la nacionalidad dominicana a los hijos de los residentes ilegales para dar rango  constitucional a la exclusión que se ha aplicado de facto en los últimos años a los descendientes de los inmigrantes haitianos nacidos en el país.

Decisión sorpresiva

La Asamblea que discute la nueva Constitución de la República dio un sorpresivo giro esta semana al rumbo conservador del proyecto al aprobar la modificación del artículo 52 que limitaba el derecho a la educación a los dominicanos y los residentes legales, lo que constituiría un gueto con los hijos de los inmigrantes haitianos.

Al aprobar que “Todas las personas tienen  derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”, los asambleístas honraron principios del derecho internacional suscritos por la nación y acogieron planteamientos de diversas instituciones y la opinión pública.

Pendiente de aprobación en la definitiva segunda lectura, el polémico artículo fue enviado a una comisión de estudio por insistencia de los opositores perredeístas y reformistas que procuran llevar a la Constitución el precepto legal que dispone una inversión mínima para educación equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto, lo que es rechazado por el presidente  de la Asamblea, Reinaldo Pared.

Llamó la atención que la eliminación de la exclusión contara con apoyo de todos los partidos, incluyendo la bancada oficialista. El texto aprobado fue presentado por la senadora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Cristina Lizardo y los diputados del PRD Fidelia Pérez, Rafael Calderón y Eugenio Cedeño.

La decisión fue más significativa porque se produjo mientras se desarrollaba un movimiento de recolección de firmas entre legisladores de todos los partidos en busca de rectificar en segunda lectura el artículo aprobado la semana anterior para dar rango constitucional a la prohibición de cualquier género de aborto, lo que se inscribió en el predicamento religioso que no reconoce ni siquiera la interrupción del embarazo cuando el  feto no tiene perspectiva de vida plena o está en peligro la vida de la madre, lo que rige en gran parte del mundo.

Atienden advertencias. Con su decisión, los asambleístas acogieron las advertencias de numerosas instituciones y voceros de opinión pública  de que   la exclusión iba contra el derecho internacional y tratados como la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el país, que consagran la educación como un derecho universal.

Apenas el día anterior, consorcios que representan cientos de  instituciones sociales como el Foro Ciudadano, el Foro Socio-educativo y la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales, advirtieron que el artículo 52 dejaría mal parado al país frente al derecho internacional.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y justicia, doctor Servio Tulio Castaños, había afirmado que el planteamiento fomenta la discriminación y  constituye una práctica atrasada “de esas que se llevaban a cabo en los siglos 18 y 19”, advirtiendo que su aprobación ocasionaría graves inconvenientes al país en el orden internacional.

El senador peledeísta por Monte Plata, Charles Mariotti, también había formulado advertencias de que la aprobación de la limitación del derecho a la educación convertiría al dominicano en un “Estado vulnerable sometido al acoso internacional”. La misma observación había sido hecha por numerosas instituciones como Participación Ciudadana, el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y el Centro Bonó.  Horas antes de la decisión, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, expresó consternación por la celeridad con que se está despachando el proyecto de nueva Constitución, reclamando prudencia, equilibrio y una adecuada consulta con todos los sectores. 

La rectificación alentó expectativas sociales de que los asambleistas  puedan  moderar el carácter conservador y presidencialista del proyecto de Constitución presentado por el Presidente Leonel Fernández, que ha generado disensiones aún entre los peledeístas, particularmente los seguidores de Danilo Medina.

Un próximo desafío

Consciente de que es uno de los planteamientos más polémicos del proyecto de Constitución, la presidencia de la Asamblea Nacional ha venido relegando el conocimiento del artículo 16 referente al derecho a la nacionalidad dominicana que como está formulado consagraría definitivamente la exclusión de los descendientes de haitianos nacidos y residentes en el país.

La letra b de ese artículo excluye del derecho a la ciudadanía dominicana a “los hijos de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares o de extranjeros que se hallaren en tránsito o residieren ilegalmente en territorio dominicano.” La Constitución vigente limita la exclusión a los hijos de los representantes extranjeros o las personas en tránsito, pero no se refiere a la legalidad de la residencia.

En los últimos años y a causa del incremento de la inmigración haitiana ha crecido la proporción de dominicanos que plantea la eliminación del derecho a la nacionalidad por nacimiento en el territorio nacional, catalogado como jus solis, sustituyéndolo por el jus sanguinis, que es la herencia paterna o materna. La reciente interpretación de que la residencia ilegal de los padres se transfiere a los hijos nacidos en territorio nacional y equivale a “estar en tránsito” sin importar cuántos años lleven en el país, ha permitido negar el acta de nacimiento a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Muchos creen que esa es la fórmula más eficiente para controlar la inmigración haitiana, en tanto las autoridades han sido incapaces de establecer por ley límites al flujo de nacionales de la vecina nación. Una ley de Migración aprobada en el 2004 aún no ha sido puesta en vigencia. Inexplicablemente no se ha aprobado el reglamento que requiere, aún cuando hace años se elaboró un proyecto.    

Consagrar la exclusión

La sustitución del jus solis por el jus sanguinis persigue dar rango constitucional a la práctica excluyente de los descendientes de haitianos, que ha llegado al extremo de negar las copias de actas de nacimiento a los que fueron inscritos hasta hace décadas, en una aplicación de la nueva interpretación sobre el “tránsito” en que estarían los que ingresaron ilegalmente, lo que choca con la jurisprudencia nacional e internacional sobre la irretroactividad de la ley.

Esa exclusión no sólo contradice preceptos internacionales sino que implica un doble estándar  para una sociedad como la dominicana que en las últimas cuatro décadas ha exportado más de millón y medio de sus hijos, los cuales reclaman derecho a la nacionalidad para ellos y sus descendientes en múltiples naciones del mundo.

En su sentencia de octubre del 2005 sobre el caso de dos niñas nacidas en el país de ascendencia haitiana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos proclamó que “el estatutos migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”. También sostuvo que “la condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la ciudadanía”.

Más allá de la letra jurídica, la realidad es que en el último siglo han nacido en la República Dominicana cientos de miles de hijos de inmigrantes haitianos, parte de ellos de padre o madre dominicana y que han permanecido viviendo y trabajando aquí, que no conocen otra tierra ni otra patria. Negarles la nacionalidad es una exclusión que determina su muerte civil.

Justamente esta semana (HOY 30 de abril) el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños, reconoció que en el país se levanta una nación de niños descendientes de haitianos sin documentos, indicando que “ese es un problema que más tarde o más temprano va a explotar aquí con la fuerza de una bomba atómica, si nosotros no somos capaces de abrir los ojos y darnos cuenta de que a eso también hay que buscarle solución, porque la realidad es que no son animales, sino seres humanos que tienen derecho a una reivindicación”.

La masificación de la inmigración haitiana y la incapacidad nacional para contenerla y organizarla han hecho ganar terreno a la tendencia a la exclusión, por lo que se cree que la mayoría favorecerá la eliminación del jus solis. Para los perredeístas esa decisión debería ser más difícil si recordaran que su gran líder José Francisco Peña Gómez fue descendiente de haitianos, razón por la que fue vilipendiado y discriminado. Pero ya se anunció que acordaron votar por el jus sanguinis, en una nueva demostración de la orfandad ideológica en que han quedado.