Hoy 
Bordearon sitios en los que primó el civismo de votantes intachables y brilló la eficiente gestión de los organizadores de la consulta electoral municipal; y aunque por esta vez sus incursiones no restaron legitimidad al proceso, los proliferantes mercaderes de votos y cédulas de todas las banderías mostraron capacidad para lesionar a la democracia dominicana extensible a la próxima cita con las urnas en cuyos entornos deberían predominar ahora medidas de orden público y minuciosidad de controles que resten impurezas a comicios comprometiendo más a los ciudadanos a sufragar, meta fácil en un país tarado por el desafortunado presidencialismo.
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A la preocupación que invadió a observadores internacionales por el registro de una abstención de 53.33% superior a la de plena pandemia en 2020, se suma la certificación de que acaban de celebrarse unas votaciones «sin garantías de equidad» en el acceso a recursos del Estado para los partidos políticos sin excepción, una crítica implícita a la forma en que el oficialismo, en condición privilegiada gracias a su poder presupuestal, aceleró gastos e inversiones que lustran su imagen, desbordando con cargo al erario anuncios de nuevas realizaciones añoradas por las multitudes y multiplicando auxilios sociales convertidos en ilegítima y extemporánea inversión en la imagen de quien viene destinando todas sus energías a reelegirse. La advertencia es clara sobre el mercadeo de cédulas y votos y otros delitos electorales: restan confianza en el sistema electoral.
