Las autoridades sanitarias han actuado con acierto al declarar el país bajo alerta epidemiológica. Los estragos provocados por la tormenta Olga y la arremetida del río Yaque del Norte obligan a tomar previsiones de esta naturaleza.

Lo primero es evitar en lo posible que la población afectada por las inundaciones consuma  agua y alimentos contaminados que es lo que más a la mano tienen en estos momentos.

Así las cosas, la alerta epidemiológica tiene que ser reforzada con medidas de prevención, como  suministro de agua apta para consumo humano, vacunación masiva, saneamiento ambiental rápido, medios para higienizar alimentos, fumigación  y otras medidas que ayuden a disminuir los riesgos de enfermedades.

  Cuando pasó Noel, una de las consecuencias sanitarias fue la epidemia de leptospirosis que cobró vidas humanas y que fue -justo es reconocerlo- controlada de manera rápida por las autoridades sanitarias.

 Es muy probable que ocurra un recrudecimiento de la epidemia de leptospirosis por las mismas causas que la generaron la vez anterior.

Existe el peligro de que otras enfermedades agraven el trauma humano.

Ahora hay que extremar los cuidados.

Monopolio

 Hay reglas de juego específicas que prohíben el monopolio en cualquiera de sus manifestaciones.

En estos tiempos de apertura comercial y cada vez con mayor énfasis se predica y practica contra toda actividad monopólica.

El comercio, la industria y los servicios se desarrollan en estos tiempos en un ámbito de libre competencia.

 En virtud de estos esquemas, cada vez más afianzados, no es posible que la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) persista en su afán de erigirse en amo y señor del transporte de carga.

No es posible que los sectores económicos tengan que privarse de tener sus propios medios de acarreo de mercancías y materiales, porque se le antoje a un gremio.

En estos días, Fenatrado ha actuado con prepotencia y rebeldía. Ha paralizado labores en puertos y amenaza con agravar estas actuaciones.

Como requisito para poder competir en los nuevos esquemas comerciales y suscribir tratados, el país  ha tenido  que hacer  adecuaciones jurídicas que prohíben el monopolio, y en concordancia con esto se han derogado resoluciones que otorgaban a entidades en particular facultades monopólicas en el ramo de los hidrocarburos.

No hay, en lo absoluto, ninguna razón o justificación para tolerar que un gremio actúe contra estas reglas. Del mismo modo tampoco hay razón para que las autoridades toleren estos arranques de prepotencia.

Conforme a las leyes vigentes, el transporte de carga tiene que acogerse a las reglas de competencia, que equivale a decir renunciar de la práctica del monopolio.

El Gobierno está en el deber de actuar para que prevalezca la libre competencia, pues entre otras cosas nocivas, el monopolio en el transporte de carga estanca la calidad de un servicio que es vital para la industria y el comercio en general.

Los esquemas contemporáneos en materia comercial obligan a tocar frecuentemente el tema de las prácticas desleales y las garantías contra las mismas. El monopolio debe quedar sepultado en el pasado.