CARMEN IMBERT BRUGAL
Ningún delegado de una organización criminal foránea estuvo presente o dirigió la emasculación y secuestro del joven que se negó a robar reses en San Pedro de Macorís. El obrero fue compelido a delinquir por los abigeos, percibieron su resistencia y la reacción fue fatal. El hecho ocurrió a mediados de enero. No hubo siberiano entre los tutores de la niña, víctima de incesto y abuso sexual, madre a los 14 años de una criatura que puede ser hija de su padre, de su padrastro o del padre de éste. Jueces muy nuestros decidieron la libertad del padre y dispusieron el pago de una fianza al padrastro.

Tampoco moscovita alguno actuó en el albergue higüeyano, escenario de zoofilia y sodomía en contra de niñas y niños huérfanos. Las sotanas imputadas se libraron de las sanciones terrenales porque un incendio devoró las celdas donde estaban encerrados presuntos autores.

Las directrices mafiosas internacionales están ajenas a los robos con violencia perpetrados en las vías que unen los enclaves turísticos del este con el Distrito Nacional, San Pedro, Higüey, La Romana. Los directivos de la Federación Nacional de Transporte Turístico -FENATRATUR- denuncian la inseguridad de las carreteras sin alumbrado, sin vigilancia, territorio tomado por los asaltantes que sin importar hora ni día despojan a los turistas de prendas y dinero, exponiendo su integridad física.

La responsabilidad de la Secretaría de Interior y Policía, no es episódica, ni debe obedecer a las arengas rimbombantes. “La Secretaría de Estado de Interior y Policía es una institución que tiene como objetivo principal velar por el mantenimiento de la seguridad pública en todo el país y asesorar el régimen administrativo de las provincias y municipios. Además, conservar y cuestionar todos los documentos que se encuentren en los archivos de la nación y supervisar las actividades migratorias”. La función de la Policía es “Satisfacer las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, mediante un efectivo servicio basado en la prevención, investigación, aprehensión de los violadores de la ley y control de las acciones que alteren el orden, generando una cultura de solidaridad que permita a los dominicanos vivir en paz”.

Aquí ha faltado y falta un trabajo constante, precautorio, sin distingo de clase. Trabajo coordinado con el Ministerio Público, la Dirección General de Control de Drogas, la Policía Nacional, el Poder Judicial. Las causas y posibles soluciones para contrarrestar la infracción están escritas, estudiadas, evaluadas. Incluir el tráfico y distribución de estupefacientes no es novedoso, menos atribuir a organizaciones criminales foráneas responsabilidad. Cualquier habitante del sur, norte, este, oeste del país relata cómo llega la droga, quién la recibe, quién la distribuye, quién paga, quién compra. Un diputado y candidato a Síndico del Distrito Nacional reveló que en el país existen 20,000 puntos de distribución de estupefacientes. La conmoción no se produjo. El hombre ratificó información. Los moradores de los barrios identifican, sin dificultad, el oficial que controla el mercado del crack, marihuana, éxtasis, hachís. Hogares Crea, Casa Abierta, fundación Fénix, los salesianos y jesuitas que viven con la pobreza lo aseveran. Hablan para que nada ocurra. Los espectaculares hallazgos de alijos de cocaína, marihuana, éxtasis, no son proporcionales a los procesos ni a las sentencias. Los arrestados se cuentan por decenas pero después desaparecen. El encarcelamiento y el juicio afectan ciudadanos cuya estampa no concuerda con el perfil del próspero e impune narcotraficante que medra en instancias muy lejos del arrabal.

El norte, sur, este y oeste de la isla es y ha sido guarida de capos estadounidenses, franceses, alemanes, suizos, italianos, españoles, canadienses, suramericanos…pero los servicios de migración y policía, dependientes de la Secretaría de Interior y Policía están ocupados en otros menesteres migratorios y de seguridad pública, para aprehenderlos.

Ojo avizor con aquellos que pretenden encubrir la impunidad de las élites atribuyendo la criminalidad dominicana sólo al narcotráfico y a grupos mafiosos extranjeros. Es el ardid institucionalizado que reserva sus cañones para marginalidad hombreada, desatendida y ociosa. Esto que tenemos ha sido construido poco a poco, para permitir a los depredadores del erario, a los asesinos con prosapia, a los conspicuos estafadores de esperanzas y ahorros ajenos, disfrutar el producto del delito y el crimen.

Alerta está la ciudadanía. Hace tiempo que el colectivo teme, duda, arremete, lincha, evade. Hace tiempo que está convencido de la ganancia y omnipotencia de la impunidad. Siempre alerta deben estar las autoridades, evitar titubeos, componendas, resistir amenazas. Desde el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales hasta cada uno de los ocho agentes de la Policía Turística, cuya misión es proteger Las Terrenas, municipio turístico, incluido en el Plan de Seguridad Democrática.

Nonagenarios puertoplateños recuerdan cuando la población de la provincia era exigua y el Comisario presidía la Policía Municipal. Entonces las barriadas disponían de un vigilante nocturno. Para transmitir seguridad a la vecindad el guardián, cada sesenta minutos, certificaba su presencia…”Las nueve han dado, sereno alerta está”.

Transcurrió el tiempo y ese alerta fue atenuado, pervertido, distorsionado. La situación no cambia con medidas erráticas, intempestivas, coyunturales. El problema es grave. No percibirlo, negarlo, aquí, allá u acullá, es peor.