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El cereal de producción local predilecto en hogares dominicanos estará prontamente enfrentado a la competencia de importaciones sin impuestos enviados por productores estadounidenses que flotan en protección estatal mientras a los cultivadores locales, sobre todo los pequeños en que descasa una importante proporción del abastecimiento nacional, se les asiste con débiles programas de sustentación aplicados sin equidad. La expiración a la vuelta de la esquina del DR-CAFTA, protector de los débiles de la Cuenca del Caribe, va a encontrar al sector arrocero menor con la guardia baja y amenazado por una severa disminución de acceso a las pólizas de seguro que el Estado auspicia para protegerlos de eventuales caídas de rentabilidad y de daños por el cambio climático. Un mecanismo que debe recibir periódicas transferencias presupuestales para que pueda funcionar bien y que al 31 de diciembre pasado enfrentaba un déficit de RD$890 millones no cubierto aún.
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A los arroceros de modestos haberes les cierran el acceso a créditos tan pronto queda en evidencia su incapacidad de resarcirse de los efectos de plagas e inundaciones y todo indica que la falta de apoyo del Gobierno, que debe correr con el 50% del costo de la cobertura de riesgos, les condena a una descapitalización y a la ruina. Desde antes el país debió prepararse para abrir su mercado a importaciones de alimentos sin carga arancelaria que asoman en el horizonte. Además, los boletines meteorológicos van a ser, más que antes, pronósticos de destrucción.
