POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito advirtió ayer a los fiscales de todo el país sobre la gravedad del delito de trata y la explotación sexual de personas, crimen que aseguró, se encuentra considerado «inmediatamente después del narcotráfico». Informó Domínguez Brito que investiga sobre casos de extranjeras abusadas que son rotadas entre establecimientos de prostitución.

Dijo además que hay de los llamados «centros de masajes» que operan «muy cerca» de escuelas públicas y colegios, por lo que les reiteró a los procuradores de cortes y fiscales la necesidad de combatir toda manifestación de trata de personas.

Advirtió también que la persecución no es contra las personas que son abusadas sexualmente con este negocio, sino contra sus propietarios que «abusan de la vulnerabilidad y situación económica para explotarlas sexualmente y obtener grandes beneficios contra su dignidad».

«Todo esto, individualmente, afecta nuestra comunidad, la ley es clara y en razón del principio de su ejecutoriedad estamos obligados a actuar», precisó Domínguez Brito.

En el oficio marcado con el número 05016, Domínguez Brito, explicó a los fiscales los pormenores para perseguir y castigar la trata y explotación sexual comercial, conforme al artículo primero de la Ley 137-03 y el artículo 334 de la Ley 24-97.

Será considerado proxeneta según esta ley, explicó Domínguez Brito, toda persona que de cualquier manera ayude, asista o encubra personas, hombres o mujeres con miras a la prostitución o al reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual.

También todo el que reciba beneficios del ejercicio de la prostitución, el que consienta a la prostitución de su pareja y obtenga recursos de ello, el que contrata, entrena o mantenga, aun con consentimiento, una persona con miras a la prostitución.

Advierte a los fiscales y procuradores que el proxenetismo se castiga con prisión de seis meses a tres años y multa de RD$150,000. La tentativa de las infracciones previstas en la ley se castigará con las misma pena que el hecho consumado, indicó Domínguez Brito.

A diferencia de otras naciones, indicó, la República Dominicana es un país de origen y destino.

«Igual, a lo interno del país se han desarrollado redes bien articuladas donde niñas menores de edad son abusadas juntamente con adultas», apuntó.

Precisó que la práctica de esos centros para mantener el interés de los usuarios o clientes es la oferta de adolescentes menores de edad y que normalmente los clientes son los mismos y para satisfacer su deseo de cambio de rutina solicitan estos tipos de servicios «injustificables».

«Lo mismo sucede con las adultas que cada cierto tiempo las cambian de establecimiento», indicó.

Domínguez Brito sostuvo que en los últimos meses se han realizado operativos y como consecuencia se han presentado cargos contra propietarios de establecimientos, entre ellos Casa Blanca, en Santiago; El Harén, en Santo Domingo; La Sala Café Bar, en Boca Chica; El Paraíso, en Santiago; Salón Blanco, en Boca Chica; Looking Fly, en Santiago, Mambo Night Ligth I y II, en Santiago; El Caminante, en Santiago; El Nuevo Milenio, en Santiago; The Pink House, en Boca Chica, y doce centros de masajes en Gascue y la Zona Universitaria, en el Distrito Nacional.

Hace mención, además, del apresamiento de la señora Cristina Mendoza Coronado, quien alegadamente manejaba una «casa de masajes», que en realidad se dedicaba al proxenetismo y la trata de jóvenes procedentes de Cotuí, prometiéndoles una mejor vida.

Pero, según Domínguez Brito, en realidad «estas jóvenes eran explotadas sexualmente para conveniencia y enriquecimiento de su propietaria».