WASHINGTON (AP).- Con el reconocimiento de que el problema de inmigración ilegal en Estados Unidos tiene que ser resuelto como parte de la política sobre seguridad nacional, el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado debatió el martes las opciones de solución a la ilegalidad de más de 10 millones de personas.

El senador Arlen Specter, presidente del comité, abrió las deliberaciones afirmando que la salida no debe apuntar hacia una amnistía porque «existe el consenso de que no podemos premiar a quienes han entrado a este país ilegalmente».

Specter dijo que más de 33 millones de personas viven en las áreas de frontera de Estados Unidos con México y Canadá, y que el número de indocumentados oscilaba entre 10,3 millones, según Pew Hispanic Center, y 13 millones, según la Federation for American Immigration Reform.

El debate partió de las presentaciones de sus respectivas iniciativas por los senadores Edward Kennedy, demócrata de Massachusetts, y John McCain, republicano de Arizona, coautores de un proyecto de reforma; y los senadores republicanos John Cornyn, de Texas y Jon Kyl, de Arizona, que coauspician otro proyecto.

Los secretarios de Trabajo Elaine Chao y Seguridad Interior Michael Chertoff fueron invitados a la audiencia senatorial pero no asistieron.

Chertoff ha dicho en el pasado que la solución del problema ocasionado por el ingreso ilegal de inmigrantes era el primer paso para dar al país las garantías de contar con una buena seguridad en sus fronteras.

«No hay duda alguna de que la inmigración tiene que ser resuelta», dijo Kennedy. «Por todas partes vemos muestras que así lo exigen: trabajadores explotados, familias divididas, muertes en el desierto, documentos falsificados, contrabandistas criminales, tensiones en las comunidades y frustración pública».

El proyecto Kennedy-McCain contempla la posibilidad de dar legalidad a los trabajadores temporales después de tres años, una puerta que está cerrada en el proyecto Cornyn-Kyl, que propone un fuerte énfasis en la labor policial y la partida «voluntaria» de regreso a su país de los millones de inmigrantes indocumentados.

Kyl dijo que el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos ha aumentado desde el año 2000 en un 30%, generando una carga financiera en hospitales y agencias del gobierno, y graves riesgos a la seguridad nacional.

El presidente George W. Bush ha hablado también de una reforma migratoria y ha dicho que sacaría adelante el debate este año. Bush, quien ha propuesto otorgar visados por tres años a trabajadores temporales sin posibilidad de legalización, no ha presentado sin embargo una iniciativa propia hasta ahora.

El senador Charles E. Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo en una declaración coincidente con la audiencia que no hay una vara mágica para la reforma migratoria.

«Tenemos que trabajar arduamente para encontrar una solución de largo plazo», dijo. «Debemos resistirnos a la tentación de una solución breve, una especie de curita en una herida profunda; eso sería la amnistía y no podemos transitar por ese camino».

Si se procediera a la deportación expeditiva de todos los indocumentados, la tarea demandaría un financiamiento de hasta 41.000 millones de dólares por año en los próximos cinco años, dijo un informe del Center for American Progress, difundido coincidentemente con la audiencia senatorial.

Ese monto es mayor que el presupuesto anual del Departamento de Seguridad Interior, de 34.200 millones.