POR SOILA PANIAGUA
El ex presidente del Colegio Dominicana de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, advirtió que si no hay una categorización para la participación en las licitaciones de obras públicas las grandes empresas aplastarón a las pequeñas constructoras y a la mayoría de los ingenieros.
Tejada instó al Codia a que juegue un papel más activo para asegurar que en la reglamentación para la aplicación de la nueva Ley se cumpla la categorización.
Cuestionó que la instancia creada para elaborar el reglamento de la aplicación de la ley todavía no haya convocado a los miembros del Consejo Consultivo para la tratar la situación.
En marzo pasado se cree la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual dirige el subsecretario de Hacienda, doctor Erick Omar Hazim, la cual fungió como órgano rector del Sistema de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.
Tejada afirmó que en el reglamento que se debe elaborar para el cumplimiento de la Ley 449-06 sobre Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se establezca la categorización para evitar afectar a la mayoría de los sectores relacionados a esa ßrea. Refirió que las contrataciones de obras estatales ha sido el principal tema de discusión en el país en los últimos 39 años, ya que en 16 de marzo de 1967 se promulgó la Ley 105, que sometió a a concurso para su adjudicación toda las obras de ingenierías y arquitectura de mßs de RD$10,000.00.
Agregó que con el paso de los años ese monto fue quedando pequeño y los diferentes gobiernos no lo modificaron, lo que obligó a una reiterada violación de la legislación vigente, otorgando obras de grado a grado.
Dijo que la modificación de la ley sobre Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones tomó mucho tiempo y esfuerzo, y que intereses no permitían su aprobación, pero que la presión por la entrada del DR-CAFTA y de varios sectores de la sociedad, hizo que se emitiera el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto Puente, el 63-06.
Explicó que los aspectos principales del Decreto Puente eran transparentar las contrataciones de Obras Pblicas y establecía que las mayores de US$6.5 millones debØan ir al concurso y las de US$100,000.00 o mßs sorteo y estimó que el mismo no era muy claro.