Hoy 
Un nuevo informe advierte que la pesca amenaza a pingüinos y ballenas en el Atlántico Sur. Pero especialistas locales discrepan sobre la dimensión del peligro.
POR MARCELA VALENTE
BUENOS AIRES.– Unos creen que fue un mensaje exagerado, otros que sirvió para prevenir problemas futuros. Así de dispares fueron en Argentina las reacciones en torno a un informe que alertó sobre el impacto de la pesca de anchoítas en el ecosistema marino de la Patagonia.
En un artículo publicado el 5 de este mes en la revista Science, científicos de la argentina Fundación Patagonia Natural y de la estadounidense Universidad de Washington, advirtieron que la pesca de anchoíta (Engraulis anchoita) en el Atlántico Sur amenaza especies endémicas de la región que sostienen el ecoturismo.
Decenas de miles de visitantes de Argentina y del exterior llegan cada año a las costas de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, atraídos por la posibilidad de avistar ballenas, recorrer reservas de pingüinos, lobos y elefantes marinos, y apreciar albatros, cormoranes o gaviotas.
El artículo advirtió que ese paraíso puede alterarse si se avanza en la pesca de la anchoíta, que representa 50 por ciento de la dieta del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y es también alimento de merluzas, cormoranes, golondrinas, delfines, leones marinos y otras decenas de especies de la región.
El alerta «propone una perspectiva integrada del uso del mar, que contemple la interacción entre todas las especies», dijo a Tierramérica el biólogo Claudio Campagna, investigador del Centro Nacional Patagónico y experto en mamíferos marinos.
Campagna consideró que «las pesquerías mundiales rara vez son sostenibles, y su impacto sobre otras actividades e intereses que dependen de los mismos recursos no se tiene en cuenta a la hora de estimar los beneficios de la pesca».
«Lo deseable sería modelar científicamente el funcionamiento del sistema a fin de poder entender qué efectos tendría la extracción de especies críticas en procesos que involucran a fauna carismática (endémica) de la costa patagónica», añadió.
Pero Ernesto Godelman, presidente del no gubernamental Centro para la Defensa de la Pesca Nacional (Cedepesca), discrepa con tanta precaución.
«Está bien generar conciencia sobre el cuidado del ambiente marino, pero aquí hay algo de sobreactuación preventiva. La información disponible no coincide con lo publicado en Science y mucho menos con el tremendismo de las repercusiones posteriores», declaró a Tierramérica.
Por ahora «no se ven indicios de que la explotación actual o planeada de anchoíta patagónica ponga en peligro la sustentabilidad en sentido amplio, es decir incluyendo interacciones tróficas», remarcó.
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), hasta ahora «la explotación comercial de anchoíta patagónica no alcanzó grandes magnitudes, promediando unas dos mil toneladas anuales desde los años 60».
El volumen de captura dista del tolerado por el Inidep, para el cual la población de la especie que vive entre el sur de Brasil y el sur de la provincia de Buenos Aires (anchoíta bonaerense) el máximo permitido es de 120 mil toneladas anuales, y para la patagónica unas 60 mil toneladas.
«En Inidep somos muy precavidos, y sostenemos que el problema no es tan dramático», declaró a Tierramérica un científico de esa entidad que participó de las investigaciones pero prefirió el anonimato.
La preocupación por el recurso comenzó en 2003, cuando el Consejo Federal Pesquero aprobó el Plan de Investigación para el Desarrollo de una Pesquería Sustentable de Anchoíta Patagónica, propuesto por la provincia de Chubut.
Frente a la emergencia declarada para la sobreexplotada merluza común (Merlucius hubbsi), la provincia apuntaba a avanzar sobre una especie subexplotada. El plan experimental, prorrogado en 2005, contó con la participación de funcionarios, empresas pesqueras, técnicos del Inidep y de la Fundación Patagonia Natural.
Ahora la Fundación sostiene que los estudios del Inidep no incluyeron mecanismos específicos para cuantificar los efectos de la pesca de anchoíta sobre peces y fauna salvaje que dependen de ella. Y además manifestó su temor de que el recurso se destine a fabricar harina de pescado.
La fuente del Inidep respondió que el organismo «no estudia en particular el impacto sobre las demás especies», pero que sí las involucra al considerar parámetros como la muerte natural de anchoítas cuando otro animal se alimenta de ellas.
Respecto del temor a que la especie se use como materia prima para la industria, Godelman explicó que el plan aprobado por el Consejo estableció que las firmas participantes «no podrán tener como objetivo la fabricación de harina».
El titular de Cedepesca señaló que sólo la anchoíta bonaerense se destina a ese rubro, y no en Argentina sino en Uruguay. Entre los dos países capturan unas 70 mil toneladas al año –sobre un máximo permitido de 120 mil– y la mayoría se destina a esa industria.
«Este sí es un problema que hay que seguir de cerca. La explotación de la pesquería de anchoíta bonaerense para fabricar harina representa un riesgo real», aseguró Godelman.
* Corresponsal de Tierramérica.
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Sanción reabre debate sobre piratería en Chile
Por GUSTAVO GONZALEZ *
Estados Unidos castigó a Chile por no proteger patentes, sobre todo farmacéuticas. La Unión Europea también tiene al país en la mira.
SANTIAGO.– Pese a que Chile es su mejor socio comercial en América del Sur, Estados Unidos le aplicó sanciones argumentando que no protege la propiedad intelectual, lo que reinstala el debate sobre el acceso equitativo a los medicamentos y las presiones de la industria farmacéutica.
Ernesto Benado, director de la no gubernamental Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), dijo a Tierramérica que este conflicto replantea el tema de la vigencia de las patentes a largo plazo, haciendo que los medicamentos mantengan «precios exorbitantes».
El 8 de enero, la representante de Comercio del gobierno de George W. Bush, Susan Schwab, anunció que Chile fue puesto en una «lista de vigilancia prioritaria», por falta de medidas efectivas para resguardar la propiedad intelectual de productos farmacéuticos, musicales, fílmicos e informáticos.
La sanción, que coincide con el tercer año de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países, implica una degradación de Chile dentro de los tres rangos que aplica Estados Unidos: «lista de vigilancia», para casos menos graves, de «vigilancia prioritaria», para situaciones preocupantes, y «lista de países prioritarios» para casos graves.
Chile es el único país sudamericano que tiene vigente un TLC con Estados Unidos. Al anuncio estadounidense de sanciones, siguieron declaraciones de preocupación de parte de la Unión Europea (UE), que insiste en que Chile ratifique el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que, aunque debía ser suscrito antes del primero de enero, aún no ha sido enviado al Poder Legislativo.
En un estudio de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, Chile figura en el cuarto lugar mundial en materia de violación a la propiedad intelectual.
El ministro chileno de Economía, Alejandro Ferreiro, aseguró que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está cumpliendo las obligaciones del tratado y calificó de «decepcionante» el anuncio de sanciones de Estados Unidos.
Carlos Fourche, director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, dijo al diario El Mercurio que hay «diferencias de interpretación» sobre el TLC y que es «evidente» la «enorme influencia» de la industria farmacéutica estadounidense en la decisión del gobierno de Bush.
Benado coincidió. «Para Chile, cuando la patente de un producto (farmacéutico) ha expirado, queda libre para ser comercializado como genérico. En cambio, Estados Unidos promueve que la patente pueda extenderse autorizando segundos usos», señaló a Tierramérica.
«Nuestra organización defiende los intereses de los consumidores. Creemos que en países en desarrollo como Chile no se debería entregar patentes porque eso significa que los medicamentos salen al mercado con precios exorbitantes», añadió el dirigente de Conadecus.
Para Claudio Lara, experto en economía política de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), el conflicto se originó en que a fines de 2003 el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) estaba «muy apurado» en firmar el TLC y no negoció adecuadamente el último tema, precisamente el de la propiedad intelectual.
«El país quedó muy expuesto», dijo Lara a Tierramérica. Considera, sin embargo, que Bush no está muy preocupado por Chile, que es un mercado pequeño, sino que con esta sanción «quiere presionar al resto de los países de América Latina», en especial a Brasil y México, para que se adscriban a sus pautas de concesión y vigencia de patentes.
Desde la entrada en vigencia del TLC el 1 de enero de 2004, el comercio entre Chile y Estados Unidos creció 134 por ciento, con un balance favorable a la nación sudamericana. Entre enero y noviembre de 2006 el intercambio fue de 13 mil 334 millones de dólares, de los cuales ocho mil 272 millones correspondieron a exportaciones chilenas.
El uso de las patentes farmacéuticas es uno de los temas más conflictivos en las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial de Comercio, donde países como Brasil, India y Sudáfrica reivindican el derecho a producir medicinas genéricas para controlar enfermedades de alto impacto social, como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
* Corresponsal de IPS.
En un foro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor y abogado Gabriel Zaliasnik sostuvo que las autoridades chilenas están protegiendo efectivamente la propiedad intelectual, pero planteó no caer en excesos que lleven a abusos monopólicos, especialmente en la industria farmacéutica.
La piratería de programas informáticos, música y películas, el otro aspecto invocado por Schwab para sancionar a Chile, mueve 182 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Comisión Nacional Antipiratería (Conapi), una red de organizaciones empresariales y de creadores artísticos.
De ese total, la reproducción y venta ilegal de programas informáticos constituye el mayor monto, con 135 millones de dólares, en tanto la piratería de música equivale a 30 millones y la de películas en discos compactos y vídeos a 17 millones de dólares.
Fuentes de la Conapi dijeron a Tierramérica que actualmente se tramitan unos 430 juicios en los tribunales por actos de comercio ilegal y piratería, que incluyen igualmente la impresión ilegal de libros.
La comisión sostiene que Chile pierde 160 millones de dólares anuales en impuestos no recaudados debido al comercio ilícito y la piratería, en el cual participan altos contingentes de desempleados, y que con esta suma se financiarían medidas sociales propuestas por el gobierno cuyo costo asciende a 140 millones de dólares.
* Corresponsal de IPS.
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Argentina
Reactivan campaña contra quema de basura
BUENOS AIRES.- La Coalición Ciudadana Anti-Incineración reinició este mes su campaña para que en Argentina se prohíba el contaminante sistema de incineración de residuos.
En la ciudad de Buenos Aires y la central Rosario ya se eliminaron los incineradores. El reclamo es que esta medida se extienda a todo el país, implantando métodos alternativos, como la minimización de residuos, el reciclado y la desinfección química.
«En Morón (a 30 kilómetros de la capital federal) se instaló un incinerador en 1991 y desde entonces fallecieron 85 personas de cáncer en un radio de 200 metros de la planta», dijo a Tierramérica Gladys Enciso, de la Coalición Ciudadana.
El Instituto de Vigilancia Sanitaria de Francia advirtió en un informe difundido en diciembre que el riesgo de contraer cáncer de hígado aumenta 6,8 por ciento para quienes viven cerca de un incinerador.
Brasil
Descifran genoma de bacteria
RÍO DE JANEIRO.– El mapa genético de la bacteria Gluconacetobacter diazotrophicus, importante fijadora de nitrógeno en caña de azúcar, boniato y ananá, fue descifrado en Brasil y su uso en aplicaciones productivas podría generar importantes beneficios ambientales. El estudio, iniciado en 2001 por Riogene, una red de centros de investigación del estado de Río de Janeiro, concluyó en diciembre identificando más de tres mil 600 genes.
“La próxima etapa buscará conocer los genes involucrados en el proceso metabólico para, dentro de cinco años o menos, producir bacterias con mayor capacidad de fijar nitrógeno del aire en la planta”, explicó a Tierramérica José Ivo Baldani, del Centro de Agrobiología de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria.
Inoculadas en la caña, esas bacterias modificadas permitirán ahorrar hasta 30 por ciento de fertilizantes nitrogenados, beneficiando el ambiente y reduciendo gastos. También se busca producir sustancias que favorecen el desarrollo vegetal y su protección contra plagas.
Colombia
Alerta por incendios forestales
BOGOTÁ.- Unos 45 incendios se registraron en las dos primeras semanas del año en Montería, capital del noroccidental departamento colombiano de Córdoba, afectando pastizales y maleza, informó a Tierramérica Jorge Arbeláez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Montería. Arbeláez llamó a la comunidad a no quemar basura en las áreas rurales, ya que las altas temperaturas que se registran en esta época propagan fácilmente el fuego.
Cerca de tres incendios forestales diarios de baja intensidad se registran en promedio en los primeros meses del año en el Caribe colombiano, por la acción de propietarios de predios rurales que aprovechan el intenso verano para quemar basura.
