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El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, acompañado del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó que existe una posibilidad de que se produzcan dificultades en las operaciones con instituciones financieras rusas, lo que pudiera repercutir en algunos países de Latinoamérica, ante la suspensión por parte de Europa del mecanismo del código SWIFT para realizar transferencias financieras desde y hacia Rusia.
A tal efecto, exhortó a los tesoreros y ejecutivos bancarios presentes en la reunión a estar alerta y evaluar la aplicación de medidas de prevención ante esta situación para evitar que se afecte al buen desenvolvimiento del sistema financiero dominicano.
Con respecto al tema de ciberseguridad, el gobernador indicó que, ante la posibilidad de que se produjera un ataque informático a gran escala, la República Dominicana dispone de un excelente sistema de protección en ciberseguridad diseñado por especialistas israelíes.
También llamaron a mantener la estabilidad en operaciones de cambio de divisas.
Valdez y Fernández realizaron ayer una reunión con los tesoreros de los principales bancos del sistema financiero dominicano, en la que se desarrolló un conversatorio sobre el escenario por la intervención bélica de Rusia sobre Ucrania, y otros temas.
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Jueces imponen coerción a imputado Operación Falcón
Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de esta jurisdicción revocaron la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron medidas de coerción contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, implicado en la red del crimen organizado desmantelada con la Operación Falcón.
Una nota señala que contra Pérez Pérez el tribunal impuso el pago de una garantía económica de un millón quinientos mil pesos (RD $1,500,000), e impedimento a salir del país.
La decisión pondera los argumentos del Ministerio Público al apelar la decisión dictada en octubre del año pasado.
En la audiencia de apelación el Ministerio Público estuvo representado por el procurador de corte Juan Carlos Bircann y los fiscales Sourelly Jáquez, Yeny Liranzo y Pedro Martínez.
Los fiscales aportaron múltiples pruebas que evidencian la afiliación del imputado con la organización criminal, y refieren que Pérez Pérez se encargaba de administrar los negocios de venta de combustibles adquiridas fruto de las operaciones ilícitas del grupo, para lavar dinero producto del narcotráfico.
El imputado tiene parentesco con el prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, sindicado como el cabecilla de la organización criminal.
