MANAGUA  (AFP).- Más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Nicaragua expresaron ayer su preocupación por la tendencia del presidente Daniel Ortega a “concentrar el poder” civil y militar en sus manos con reformas institucionales que ponen en peligro la democracia.

“Nos preocupa la tendencia (de Ortega) de concentrar el poder y las decisiones desde los entes gubernamentales”, manifestaron en una declaración las ONG, asociadas en la denominada Coordinadora Civil.

   El grupo se pronunció sobre los cambios que Ortega realiza en el gobierno amparado en una reforma de la ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que el Congreso aprobó el pasado 24 de enero por petición suya.

   La enmienda concentra en la Presidencia la dirección de varias instituciones que antes eran tuteladas por el Banco Central y permite al presidente ejercer un mayor control sobre los planes de seguridad y administrativos de la policía, que antes era supervisada por el ministerio de Gobernación. También reduce atribuciones al ministerio de Defensa que coordinaba la relación con el ejército, y pasa al mando militar los aparatos de inteligencia y crea consejos presidenciales de consulta al estilo de Cuba y Venezuela.

Las ONG que han representado a la sociedad civil en las consultas que las anteriores administraciones realizaban sobre políticas públicas, advirtieron que los cambios operados por Ortega debilitan la institucionalidad democrática.

   Consideraron, además, peligroso que un día después de aprobadas las reformas, soldados del ejército intervinieran armados en la Corporación Industrial de Zonas Francas para desmontar una protesta sindical, lo que no es de su competencia.

   “Nos preocupa que se ponga en peligro la institucionalidad y la profesionalización del ejército y la policía, desarrollando acciones, como en las zonas francas, poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos”, protestaron las ONG.

   Al margen de estas reformas, las ONG valoraron de manera “positiva” la decisión del nuevo ejecutivo del Frente Sandinista de reducir los altos salarios en el gobierno, restablecer la educación pública gratuita y castigar a los que hayan cometido actos de corrupción.