El Comité Para al Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) y Ciudad Alternativa (CA) calificaron de preocupante la decisión unilateral del Gobierno de indemnizar a las 1,400 familias a ser desalojadas en la zona Domingo Savio, sin garantizar las soluciones que se ajusten a las necesidades de cada caso y el derecho constitucional a una vivienda digna y segura.
En rueda de prensa conjunta, las entidades aclararon que están de acuerdo con la reubicación de las familias, pero rechazaron que el Estado se cierre a una forma de solución, por lo que acogerán lo que decidan los afectados.
Manifestaron sorpresa por el brusco cambio en la política habitacional del Gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina que coloca la responsabilidad de la garantía del derecho a la vivienda sobre los hombros de las familias en Domingo Savio.
Fátima Lorenzo, directora de Ciudad Alternativa y Nicanor Soriano, coordinador de Copadeba, recordaron que el artículo 59 de la Constitución establece que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho y promover los planes de vivienda y asentamiento humano de interés social.
Criticaron que la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE) desconozca un espacio de diálogo creado en febrero de 2017 en la Mancomunidad del Gran Santo Domingo al anunciar que daría una compensación económica a las familias de Domingo Savio que habitan los 270 mil metros cuadrados inhabitables.
Recordaron que antes URBE había asegurado públicamente, que analizaría la situación particular de cada uno de los hogares para promover respuestas que dignifiquen sus condiciones de vida.
Sugiere a URBE trabajar desde la Mancomunidad del Gran Santo Domingo en las búsqueda de soluciones más idóneas para la población afectadas.
Aseguraron que junto a las organizaciones comunitarias el Estado puede construir diferentes mecanismos y opciones que permiten la garantía del derecho y que el país cuenta con las instituciones y recursos necesarios para proveer soluciones adecuadas a cada familia.
De igual modo, instan a URBE evaluar su estrategia de intervención y acompañamiento social, y que fortalezca la integración de la comunidad en la toma de decisiones, tras señalar que el propósito del proyecto debe ser restituir los derechos fundamentales de los afectados.
Reiteraron que están de acuerdo con la realización del proyecto, siempre y cuando sea ejecutado desde una visión de derechos y con la participación de las familias y organizaciones de la comunidad, como se había propuesto desde Ciudad Alternativa hace más de 18 años con el Plan Cigua.