La denuncia del sector empresarial de Santiago en el sentido de que buscones y oficinas de abogados se dedican a comprar y manipular casos laborales en perjuicio de empresas, debe motivar una investigación de parte  de, al menos, la Suprema Corte de Justicia y el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

No es la primera vez que el empresariado de Santiago se refiere a estas acciones que desdicen de la calidad de la justicia laboral, perjudica las empresas afectadas y atenta, inclusive, contra los mismos trabajadores. Sería interesante establecer cómo pueden prosperar estos casos en los tribunales laborales, a pesar de que la mayoría de las veces la parte reclamante jamás comparece a las audiencias.

Se ha sabido que casos de ruptura armoniosa de las relaciones contractuales entre trabajadores y las empresas para las cuales laboraban, han ido a parar a tribunales laborales sin que los supuestos reclamantes tengan cuenta de ello.

Mediante estas manipulaciones y por medio de subterfugios jurídicos, quienes se dan a esta tarea logran, muchas veces, arrancar a las empresas sumas astronómicas por concepto de compensaciones o prestaciones. Habría que ver hasta dónde los tribunales laborales que manejan estos expedientes someten a escrutinio la calidad de las partes que dicen representar a los reclamantes. Esta es una tarea para la Suprema y el CARD.

Un caso para investigar

Otras dos personas murieron ayer en la madrugada en Santo Domingo Este a manos de policías que persiguieron y tirotearon dos yipetas desde las que, según la versión policial, se disparó contra una patrulla de la Policía. La única versión a la mano, con muchos cabos por atar, la ha dado la parte interesada que, a la vez, ha dispuesto investigarse a sí misma.

En buen derecho, la investigación debe ser dispuesta y dirigida por el Ministerio Público. El Código Procesal Penal no deja este aspecto a la interpretación. Uno de los muertos portaba un arma amparada en permiso legal, y no tenía antecedentes penales, según la versión policial.

 La segunda víctima no había sido identificada a la hora de escribir este comentario. Este es uno de esos casos en que el Ministerio Público debe monopolizar la investigación, con el doble propósito de proteger a la sociedad de eventuales excesos y  contribuir a hacer confiable  la imagen policial.