Los Tratados de Libre Comercio (TLC) forman parte de una tendencia universal. Cada vez es más común que naciones -como Costa Rica y China o Perú y Japón- o bloques  -como Unión Europea y Mercosur- logren o negocien  acuerdos comerciales basados en igualdad de acceso a los respectivos mercados, bajo reglas convenidas. La competitividad de cada país o región determina el grado de aprovechamiento.

La búsqueda de  integración es también una tendencia universal. Rusia, por ejemplo, hace ingentes esfuerzos por sumarse a la membresía de la OMC, y en su momento, China agotó afanes similares hasta lograrlo. Desde los acuerdos de Bretton Woods (julio de 1944) hasta nuestros días, la tendencia ha sido  unificar el comercio bajo unas reglas globales. La Ronda de Doha lleva, sin lograrlo hasta el momento,  diez años en el esfuerzo de ampliar esas reglas.

Por todo eso, hablar de proteger a los productores locales apartándose de los tratados comerciales, no pasará de ser una promesa política difícil de materializar. Una modificación  unilateral de cualquier TLC es un pecado universal y, por otro lado, renunciar a  los tratados comerciales significaría una especie de suicidio económico. El comercio no es ya lo que era antes de surgir esta tendencia que se afianza cada vez más. No queda más que mejorar la competitividad y coexistir con los TLC.

Hace falta otro pacto bipartita

La campaña con miras a las elecciones presidenciales de mayo 2012 promete ser bastante activa. Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), advierte que podría ser “encarnizada” y plantea la necesidad de que el PLD y el PRD se pongan de acuerdo para modificar la Ley Electoral 275-97 y aprobar la Ley de Partidos. Recientemente los presidentes de esos partidos, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, llegaron a acuerdos para la aprobación de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al margen de lo civilizada o encarnizada que pueda resultar la campaña electoral, es necesario emprender a tiempo la reforma de la Ley Electoral y consensuar una ley de partidos políticos. La JCE debe ser provista de los instrumentos que necesita para moderar la actividad política. Es razonable pensar que para lograr esto hace falta otro pacto bipartita.