LEANDRO GUZMÁN
El tema de la migración ilegal haitiana hacia la República Dominicana siempre generará debates, porque mientras calificadas voces sostienen que ha habido poco interés en elaborar una Ley de Migración moderna, otros abogan simplistamente para que se reconozcan como dominicanos no solamente a los hijos de ilegales haitianos, sino a todos en conjunto.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia -en una decisión respaldada por diversos sectores organizados del país- estableció recientemente por sentencia que no son dominicanos los hijos de ilegales. Esto confirma el principio de que un acto ilegal no puede generar uno legal.

La posición definitiva de la Suprema Corte se produjo en momentos en que organizaciones no gubernamentales, que dicen defender los derechos de los refugiados, presionaban para que en la nueva Ley de Migración que se discute se incluya una cláusula mediante la cual se le otorgaría la nacionalidad dominicana a aquellos haitianos ilegales que tengan más de cinco años de residencia en el país, incluidos sus hijos.

Es realmente sorprendente que el procurador general de la República, después de la sentencia de la Suprema Corte, se pronunciara a favor de una amnistía para otorgar la residencia a los ilegales haitianos, como forma de regularizar esa situación.

En esto hay muchos puntos importantes, como son:

1) Los haitianos ilegales carecen de cualquier tipo de documento que avale su nacionalidad. No tienen papeles de Haití, mucho menos de la República Dominicana.

2) ¿En base a qué se les otorgaría la nacionalidad? ¿En testimonios de vecinos, posiblemente haitianos como ellos?

3) ¿Cuál sería el mecanismo para depurar eficientemente a aquellos haitianos que posean cédulas dominicanas, generalmente otorgadas en base a diligencias de los paridos políticos para lograr votos?.

4) ¿Se ha hecho un censo que permita establecer claramente cuántos haitianos hay en el país, para proceder a legalizarlos, en caso de que predominen las posiciones del procurador y de las ONGs prohaitianas?

Estas son preguntas que hay que responder. Pero además es necesario que al pueblo se le informe de qué personal militar se dispone para custodiar una frontera de 388 kilómetros de largo, cuando es evidente que los ilegales la burlan constantemente, al parecer por lugares sin vigilancia o mediante el soborno a quienes tienen a su cargo esa tarea.

Otro punto es que en esa frontera, actualmente, han desaparecido muchos bornes que la delimitaban, convirtiéndola en una especie de “tierra de nadie”.

En cuanto a aquellos haitianos ilegales que están bajo “un limbo jurídico”, al no tener documentos, sería bueno que la embajada de Haití dijera por cuáles razones no ha continuado con la entrega de cédulas o papeles de identificación haitianos, como lo hizo en una ocasión. ¿Es que se pretende que sea el Gobierno Dominicano que establezca la identidad de los haitianos ilegales?

Sabemos perfectamente que este no es solamente un problema político, sino también humano. Haití vive en una permanente violencia, no hay empleos, sus bosques han desaparecido totalmente, de manera que todo esto incita al trasiego y a la migración ilegal. La renuencia de los obreros y trabajadores dominicanos a realizar trabajos duros y pesados, los lleva a correr el riesgo de aventurarse en una yola para tratar de llegar a Puerto Rico, en la creencia de que allí todo es color de rosa.

En los Estados Unidos, la situación se agravará para todos los ilegales, sin importar la nacionalidad, con nuevas severidades en la Ley de Migración.

En lo adelante, incluso los ilegales pueden ser objeto de prisión, no solamente de deportación. Los empleadores que los pongan a su servicio correrán el riesgo de ser fuertemente multados. Eso no sucede en el país, donde los haitianos ilegales son reclamados por los propietarios de plantaciones agrícolas o ganaderas y la industria de la construcción, precisamente por su disposición a realizar los trabajos más pesados a mucho más bajo costo.

La comunidad internacional debe entender que la República Dominicana no puede cargar sola con ese pesado fardo. Los mismos dominicanos carecen de suficientes empleos, tienen problemas económicos, de vivienda y de salud, de manera que hacia ellos es que hay que volcar prioritariamente los escasos recursos de que se disponen.

El Gobierno Dominicano, en lugar de tomar medidas como lo ha hecho Estados Unidos, o con la que propone el procurador general de la República, lo que debería hacer es convocar a un Gran Foro Nacional, incluso con el asesoramiento de especialistas internacionales, para debatir la grave realidad de la migración haitiana, que si continúa como va amenaza los cimientos mismos de la nacionalidad dominicana.