La frecuencia conque se cometen actos delictivos en este país, sobre todo homicidios, desborda lo que pudiera parecer razonable en cualquier sociedad con las taras que tiene la nuestra. Ese ritmo plantea un serio desafío para la autoridad, pues es evidente que la acción  preventiva le está cediendo su espacio a la persecución por el hecho consumado. Nada indica que esté dando el resultado deseado el combate contra las causas que inducen al delito. Los casos de reincidencia son el mejor pulso para comprobar que mucha gente, de alguna manera, logra burlar la ley y no recibe el castigo merecido por sus acciones. Hay personas que acumulan historial  de sometimientos judiciales que solo puede ser explicado asumiendo que la justicia no ha estado haciendo su papel.

El aspecto más preocupante de todo esto es que la sociedad se ha ido adaptando a este modus vivendi, que la crónica roja pasa como una más del montón y que la única opción aplicada para combatir el delito se ejecuta a posteriori, sobre los hechos consumados. La gran proliferación de armas legales indica que mucha gente se siente desprotegida, insegura. A pesar de que la Policía Nacional hace enormes esfuerzos por revertir ese estado de ánimo, tiene en contra un índice de reincidencia delictiva tan alto, que deja la impresión de que a ese organismo lo  han dejado solo en el combate contra el crimen. La situación es como para tomarla muy en serio.

Leyes   para tener algo que violar

Por regla general, las sociedades hacen la ley para que ésta regule sus actos. Las hacen para asentar las pautas de conducta a que debe acogerse cada individuo en uso pleno de sus facultades mentales. Pero  nuestra sociedad deja la impresión de que se hace la ley con el objetivo único de tener algo que violar. Y para colmo de males, precisamente los encargados de hacer las leyes están entre los violadores por excelencia.

Solo una ironía de ese talante puede explicar el hecho de que solamente  diez de  183 diputados cumplieron el mandato del artículo 92 de la Constitución que les ordena  rendir en agosto de cada año un informe sobre sus actividades legislativas, administrativas y financieras de cada   periodo legislativo. Aunque los diputados son 190, siete que se juramentaron el 16 de agosto están exentos de esa obligación para este año. Ahora vendrán las excusas y explicaciones.