CHIQUI VICIOSO
Hace unas semanas participé en una consulta en el Congreso sobre el aborto terapéutico. Allí vi cosas insólitas, como un grupo de fundamentalistas norteamericanos deteniendo y cuestionando en la puerta a las mujeres que ingresaban, sobre su posición frente, no ya el aborto terapéutico, sino el aborto en general; y a mujeres de la clase alta y media alta y media, abrogándose el derecho de decidir la suerte de millares de mujeres dominicanas que, a diferencia de ellas, no tienen acceso ni a una educación sexual continua y responsable, a médicos o medicina de calidad, ni a viajes al exterior en caso de embarazos peligrosos o no deseados.

Acongojada, porque siempre me es difícil hablar de algo que me apena porque pasé más de veinte años tratando de tener un hijo o hija, y hasta intenté adoptar una niña puertorriqueña (que se llamaría Julia), o un niño boliviano que se llamaría Ernesto, sin éxito, señalé la irresponsabilidad de afirmar que «cada niño nace con su pan bajo el brazo», y señalé la indiferencia de ese mismo público frente a la existencia de los niños y niñas de la calle, por quienes nunca les he visto abogar frente al Congreso.

Terminé mi presentación advirtiendo que este problema tiene implicaciones de clase, y que toda medida contra el aborto terapéutico tendría repercusiones funestas en las mujeres más pobres, expresando mi indignación por el hecho de que allí no se estuviera discutiendo la responsabilidad masculina frente a la procreación, dado que cuando mencionamos la altísima tasa de embarazos en niñas y adolescentes obviamos decir que los responsables no son pederastas «extranjeros» sino hombres adultos dominicanos.

Empero, si estos razonamientos no avalasen nuestro rechazo a toda penalización del aborto terapéutico (los hijos de violaciones son un trauma para sus madres, y los huérfanos padecen toda la vida la ausencia de sus progenitoras), debería bastar con recordar que la República Dominicana firmó el 17 de julio de 1980 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y la ratificó el 2 de septiembre de 1982. Al adherirse a la Convención, los Estados se comprometen a adoptar una serie de medidas para poner fin a la discriminación contra la mujer en todas sus formas, incluida la siguiente:

ARTICULO 16, Acápite e: «Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

«Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos».

Se trata pues de una obligación internacional, libremente asumida y ratificada por el Estado Dominicano, sobre la cual debemos reportar, cada cuatro años, al Comité contra la Discriminación de la Mujer, de las Naciones Unidas. Y, así como la Convención de los Derechos del Niño (firmada por nosotros el 8 de agosto de 1990 y ratificada el 11 de junio de 1991), proclama que todo niño y niña tiene al nacer el derecho a una documentación y al libre acceso a la escuela (al margen de los conflictos en que puedan embarcarse los adultos), esta Convención, que también hemos ratificado, determina con su cumplimiento nuestra reputación internacional como país que cumple lo que asume, o es irresponsable, algo que nuestro Sr. Presidente , dada su condición de abogado no ignora, ni quienes están impulsando una penalización que nos retrotrae ese Medioevo tan querido del Opus Dei, donde la Inquisición condenó a la hoguera a más de 16 millones de mujeres, un holocausto del cual nunca se habla.

Si hemos pues de luchar por la vida, comencemos con preservar el derecho a la vida de quienes ya existen; de esos y esas que en la extrema pobreza son muertos andantes y huérfanos de padres y madres vivos. Y dejemos de preocuparnos por quienes aun no han nacido, mientras protegemos los derechos de quienes, con su avaricia, nunca han pensado en amar a su prójimo y prójima como a sí mismos/as.