RAFAEL TORIBIO
La sola existencia implica la lucha permanente por la subsistencia. Eso pasa en la naturaleza con los organismos vivientes y en la sociedad con las instituciones. Lamentablemente no siempre se triunfa; pero sí hay que luchar de manera constante para no perecer o posponer el desenlace lo más tarde que se pueda. Hay que defenderse del deterioro mediante la adaptación, el cambio o la regeneración.

El sistema político dominicano parece tiene dolores de parto, pues están ocurriendo acontecimientos que lo socavan, que lo debilitan y que lo pueden llevar a colapsar. Pero como sucede en todo organismo, sistema o institución, entonces hay que esperar que se desaten esfuerzos internos por superar las dificultades y así evitar la desaparición.

Junto a los factores que apuestan a favor de la disgregación, camino hacia el colapso, ya han aparecido iniciativas que indican la búsqueda de alguna salida. Mientras, se generaliza la conciencia en amplios sectores de la sociedad de que hay que evitar el desastre.

En los últimos meses una serie de decisiones, acciones y comportamiento de diferentes instancias, en distintos ámbitos de competencia, deben ser considerarlos necesariamente como factores que apuntan hacia la erosión del sistema político que puede terminar, si no se detienen, en un profundo deterioro que puede terminar en el colapso, como ha sucedido ya en algunos países de la región.

Recientemente hemos conocido la afirmación de que en el país se ha impuesto una partidocracia que es la culpable de que no exista una burocracia profesional y estable en la administración pública. Pero sucede que esa afirmación no la hace un analista político, sino el actual Presidente de la República que agota un segundo mandato y está en la búsqueda de un tercero. Más que una advertencia, esta declaración habría que aceptarla como un mea culpa.

Como una nueva forma del clientelismo de siempre debemos considerar el «barrilito» o el «cofrecito» que ha sustituido las ONG que tenían los legisladores para comprar o mantener lealtades políticas y financiar su promoción personal con fondos públicos. La pretendida justificación es que esos recursos se emplean en la asistencia social y desarrollo de las comunidades, y que se dará cuenta de su uso. ¿Transparencia o desfachatez?

Y pensar que las funciones para las que fueron electos son las de representar, legislar y controlar al Poder Ejecutivo.

Por si esto fuera poco, hemos visto la utilización impune de la autonomía presupuestaria en varios órganos del Estado para la auto asignación de sueldos exorbitantes y privilegios irritantes. La respuesta de las autoridades que debieran evitarlo, o haberlo sancionado, fue aceptarlo como un error o haber solicitado que fueran perdonados.

A pesar de la necesidad urgente, los compromisos, el tiempo otorgado para que se iniciara de la manera adecuada y haberse pospuesto su inicio en once ocasiones, parece que el Seguro Familiar de Salud tampoco entrará en vigor el próximo 1ro. de septiembre y si lo hace será con un contenido muy diferente al originalmente aprobado.

Evidencia un Estado tan débil que cuando logra acuerdos, después de renuncias y concesiones, no puede lograr que se respeten.

La necesidad de regular las campañas electorales en su duración y costo se quedará para otra ocasión, pues el anteproyecto de reglamento al respecto parece que no hay intención de aprobarlo por ahora.

El financiamiento público a los partidos, con la adición de privado, y ambos con escasa regulación, permitirá que los partidos y candidatos cuenten con los recursos para financiar campañas largas y costosas.

Mientras tanto, la Junta Central Electoral parece una olla de grillos en la que las desavenencias internas, que inmediatamente se hacen públicas, dan pena y vergüenza.

Mientras la tasa de rechazo de las candidaturas de los tres partidos mayoritarios es superior al 41%, lo que debiera ser motivo de preocupación y profunda reflexión, y esos tres partidos no han salido fortalecidos de sus primarias internas, la percepción generalizada de la ciudadanía es que la política es el negocio más rentable y lucrativo porque el principal capital es tener mucha desvergüenza y menos escrúpulos.

A lo anterior habría que agregar el caos que en los gobiernos locales ha producido la entrada en vigencia de la nueva ley sobre la organización municipal donde los intereses y el clientelismo han desbordado todas las expectativas, llegando a desconocer la disciplina partidaria.

Cuando todo lo anterior sucede en un sistema político, algo tiene que pasar, para bien o para mal, pues se crean las condiciones para que desde dentro, o desde fuera, se intente su regeneración. Es lo que ha pasado ya en países vecinos, no siempre para bien de la democracia y la gobernabilidad.

El debate sobre las posibilidades de nuevas opciones políticas es una manifestación de que algo va a suceder.
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