Una gran cantidad de sentencias no se podrán ejecutar debido a la falta de fuerza pública, lo que llevaría al país a un estado de desacato, según aseguró Hipólito Girón Reyes, presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA).

Dijo que con gran frecuencia los alguaciles necesitan de agentes del orden cuando una sentencia implica un embargo ejecutivo o desalojo, para evitar conflictos entre las partes, pero que debido a la poca capacidad de respuesta del Ministerio Público (MP), a esas solicitudes, habrá decisiones judiciales que no se ejecutarán.

Aunque la ley no establece el uso de la fuerza pública para esas ejecuciones, el alguacil que lo necesite puede solicitarlo.

El problema está, según lo que explica Girón, en el tiempo de espera hasta que se autorice el personal de seguridad por parte de la Fiscalía, lo que retarda el embargo y permite que muchas veces los bienes sean distraídos.

Afirma que aunque hay voluntad, la demanda es superior a lo que puede responder el MP, cuya cantidad de agentes es mínima.

Recordó que desde el 1993 a la actualidad, unos 8 alguaciles han muerto intentando dar cumplimiento a decisiones.

Cree que el Estado debe garantizar que si se obtuvo una sentencia, el proceso no sea traumático.