La democracia requiere que cada uno de sus actores cumpla su rol. Si el ministerio público se hace de la vista gorda para no ver la falta cometida, si actúa con negligencia y permite que venzan los plazos para apelar o para recurrir en casación, si el juez por su parte permite que su decisión tenga un origen distinto al de su íntima convicción, entonces no habrá justicia; y donde no hay justicia la sociedad no se organiza.

Hacemos esta reflexión para llamar la atención del lector hacia el hecho de que en la sociedad dominicana alguien no está haciendo su trabajo.

Una investigación publicada por Participación Ciudadana con el título de “20 años de impunidad”, nos permite conocer que de un total de 227 casos de corrupción presentados a la justicia dominicana en los años que van desde el 1983 hasta el 2003, solamente seis casos habían obtenido, al final del período, la calidad de la cosa definitivamente juzgada.

De esos seis casos, en los cuales había  41 acusados, solamente uno resultó con una sentencia condenatoria y fue indultado tres meses después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo, en ese momento representado por el doctor Joaquín Balaguer. Los restantes cuarenta acusados, correspondientes a los otros cinco casos definitivamente juzgados, resultaron descargados.

Estamos a la espera de la información que pudiera actualizar al 2008 el estudio a que hacemos referencia. Hemos solicitado la información a la Procuraduría General de la República, vía su portal de Internet, haciendo uso de la ley 200-04 que establece el libre acceso a la información pública.

Podemos adelantar que entre los 221 casos de corrupción pendientes de decisión, sometidos entre 1983 y 2003, los hay que en su momento fueron casos muy sonados, pero que, como siempre nos sucede, los que no han hecho su trabajo, los irresponsables, apuestan al olvido y los demás ciudadanos no hemos pasado de ser espectadores, que es también una actitud irresponsable.

La diferencia entre el funcionario judicial y el resto de la sociedad es que al funcionario se le paga para que haga su trabajo.

Al ministerio público y a sus fiscales se les paga para que representen a la sociedad en la persecución y sometimiento a la justicia de aquel que viola la ley. El rumor público debería ponerlos en movimiento.

A los jueces se les paga para que impartan justicia guiados solamente por su íntima convicción.

Si los ciudadanos tenemos que andarle recordando a los funcionarios judiciales que en sus archivos reposan casos viejos no resueltos, o que existen posibles casos nuevos que el rumor hace públicos; entonces, alguien no está haciendo su trabajo.

Si la sociedad debe dedicarse a presentar los casos en los que no hubo justicia por faltas cometidas por los funcionarios judiciales, entonces, alguien no está haciendo su trabajo.

Si no logramos un Estado de Derecho, nuestra sociedad no será viable.