Conforme se empiezan a discutir las leyes electorales en el Congreso, salen a relucir ciertas realidades para el entendimiento de estudiosos y observadores avezados, que apuntamos:
1. Las leyes electorales no han sido aprobadas a causa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha estado en el poder presidencial y congresual desde hace 12 años; aunque sí se aprobó la Ley del Tribunal Superior Electoral, para destruir a los demás partidos.
2. Se nos ha querido vender la aprobación de la Ley de Partidos como la prioritaria, cuando la Ley Electoral es con mucho la más importante, para garantizar comicios libres y limpios en el país.
3. El voto obligatorio no es inconstitucional, porque figura como un deber establecido, como pagar impuestos. Pero lo importante es que se contabilice el voto en blanco, que permite el rechazo a las candidaturas impuestas por las cúpulas partidarias.
4. Las elecciones primarias simultáneas sirven para garantizar la democracia interna en los partidos mayoritarios y evitar que se trate de influir en los adversarios.
5. Las primarias podrían realizarse con el padrón de la Junta Central Electoral, con parte de este o con el que establezca cada partido, sin alterar su validez. No debe haber mandatos personales para postulaciones por los caudillos.
6. En las elecciones primarias el voto preferencial debe ser validado en esa instancia y no en elecciones generales, las que fijarían el lugar de cada candidato en las boletas, que serían cerradas y bloqueadas. Esto impediría el “canibalismo” que se produce actualmente, porque los candidatos compiten más con sus compañeros que con sus adversarios.
7. Si se subdividen las boletas congresual y municipal, se permitiría que se vote por senadores y diputados; y alcaldes y regidores directamente.
8. Si no hay una fiscalía independiente aprobada por consenso, que persiga los fraudes, abusos de poder compra de cédulas o voto y robo de urnas, así como un Tribunal Electoral Superior libre de sospechas, las elecciones serían fácil presa del despotismo y el descrédito.
9. Los partidos deben ser escuelas de democracia y no de “tiguerismo político”. En años no electorales deben haber recursos especializados para la formación política y administrativa.
10. Los recursos que ofrece el Estado a los partidos deben ser directamente proporcionales a los votos alcanzados por estos en las últimas elecciones de cada nivel.
11. Los partidos deben recibir supervisión escrupulosa de sus ingresos, como de sus gastos.
12. Debe haber por lo menos un 40% de los candidatos por cada sexo por circunscripción provincial y municipal, y un 20% para jóvenes, a partir de los precandidatos que obtengan más votos en las primarias, sin más requisitos.
13. Deben priorizarse primarias por circunscripciones en los municipios que tienen más de cinco regidores.
14. En caso de vacantes por renuncia o muerte de funcionarios electos, estos deben sustituirse por los que les siguen en la lista de candidatos, si están en su partido.
15. Para evitar el transfuguismo los funcionarios electos que quieran apoyar para dirigir sus organismos colegiados a un candidato diferente al de su partido, se considerarían renunciantes