Algunos ajustes muy necesarios

El tramo recorrido hacia las elecciones desde que empezó -anticipadamente- la campaña electoral, ha dejado mucho que desear en cuanto a comportamiento de los actores políticos. La violencia ha estado muy activa, hasta el grado de dejar pérdidas de vidas valiosas, como la del ex rector universitario Mateo Aquino Febrillet, para citar uno de los ejemplos más recientes. Y más que en cualquier otra puja por posiciones de poder, ha habido desconocimiento de derechos de militantes y deterioro de la democracia interna de los partidos.
Las críticas contra adversarios políticos ha carecido de elegancia y autenticidad. La mayoría de los candidatos han distraído tiempo y argumentos para atacar las posiciones de sus adversarios sin hacer propuestas concretas que el electorado pueda sopesar y valorar. La oferta electoral de quienes se ofrecen como alternativa para administrar el Estado ha dejado mucho que desear, en un país realmente necesitado de mejores aportes.
En este tramo de la campaña, finalizada ya la Semana Santa, debemos dar un salto cualitativo en la oferta electoral y desterrar el estilo grosero, hiriente y vacío que ha caracterizado el tramo anterior. En la etapa que se inicia los postulantes buscarán con más bríos el favor del electorado, pero deben hacerlo bajo un estricto respeto mutuo y con argumentos sólidos y realistas.

Preocupación justificada

La orden de excarcelación emitida por una jueza interina en favor de cinco venezolanos a los que se atribuye traficar 359 kilos de cocaína en un avión privado que aterrizó en La Romana, ha generado justificada preocupación en el Ministerio Público, la DNCD y amplios sectores de la sociedad. De nuevo es un magistrado en función interina el que emite una sentencia controversial que parece obviar procedimientos de investigación que permitirían determinar el grado de compromiso de los acusados.
Sentencias como esta deberían ser investigadas a fondo por jerarquías del Poder Judicial con competencia en la materia. Es necesario hacer valer los derechos procesales de los acusados, pero es fundamental reducir al mínimo las posibilidades de que la justicia resulte burlada, y más en casos de tráfico ilícito de drogas.