Algunas metas que en la inminencia del ascenso el preludiara el Gobierno, fueron recibidas favorablemente por la opinión pública en el orden de refundir y suprimir entidades, algunas de ejecutorias imprescindibles muy propias del Estado, aunque se les haya preciado y con razón como de excesos burocráticos y duplicidades que desangran presupuestos.

Extirpar lo supernumerario obligaría a manejar con justicia el bisturí. Compactar servicios públicos ineludibles para construcción de obras, asistencial social y manejo de entes de electricidad conllevaría despidos que obligan a tener tacto.

Tienen presencia en ámbitos oficiales y descentralizados gente nombrada en abuso de poder sin reunir condiciones, favorecidas por el clientelismo y tráfico de influencia.

Pero también existen los servidores competentes, profesionales y de experiencia que hacen funcionar al Estado en roles esenciales. Además, entre los asalariados que no deben ser arrasados están hombres y mujeres de labores elementales que velan por el cumplimiento responsable de sus deberes.

Empleados que perciben los ingresos inferiores en los departamentos. Las reestructuración en busca de eficiencia y supresión del dispendios debe respetar méritos y la real utilidad del factor humano. Pero cuando se presagian sacudidas de nóminas, a mucha gente se le hiela la sangre. El fantasma de la aplanadora ronda los espíritus.

Cuando el río suena…

No cabe duda: los investigadores de indelicadezas y concertaciones para el enriquecimiento ilícito desde o a costa del Estado no tendrían que raspar mucho la superficie del acontecer para hallar trazas de actos reprobables.

La improbidad tiene ocultamientos de corta duración y la investigación periodística cuenta hoy con más herramientas que antes para difundir sus descubrimientos de lo impropio. Aunque mezclan falsedades (fake news) con lo auténtico, en materia de develar actos de corrupción, al Internet hay que sacarle su comida aparte.

La transición arrojó una gruesa difusión de indicios y testimonios de escandalosas combinaciones y tráficos contractuales con entidades públicas.

El lucro espurio que así trasciende como algo más que rumor debería ser suficiente, como manda la ley, para que el Ministerio Público abra expedientes.